El concejal de Educación de Sagunt, José Manuel Tarazona, salió al paso de las críticas vertidas desde la oposición por el gasto para las arcas municipales que supone la gestión del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo, que desde su fundación se ideó para que se integrara a la red autonómica. Desde IP y PP también se reprobó la suspensión de las becas, un sistema ideado en su momento para aliviar la carga a los estudiantes de Sagunt, que se suma a la aportación anual del ayuntamiento para el desarrollo de las actividades de este centro.
El edil de Compromís pidió que esas críticas «sean valientes de apuntar donde toca. Ni yo ni Compromís tenemos ninguna responsabilidad delegada en lo referente a la carencia de solvencia y de insostenibilidad financiera del ayuntamiento», que, como ya informó Levante-EMV, fue la causante de tener que anular las becas.
Como el propio Tarazona reconoce, su departamento es uno de los «más afectados negativamente por esta excepcional situación de tensiones económicas y financieras», que también han provocado que se eliminen las ayudas convocadas el pasado curso para las actividades complementarias en centros escolares.
La partida reservada era de 20.000 euros, una cantidad que se viene repartiendo durante los últimos años a diferentes proyectos puestos en marcha como los que desarrollaron el curso anterior los colegios Cronista Chabret, Victoria y Joaquín Rodrigo y Vilamar, además de las asociaciones de madres y padres de alumnos de María Yocasta y Victoria y Joaquín Rodrigo. Esa asignación no alcanzó el total de 6.500 euros.
Como en el caso de las becas del conservatorio, el motivo principal de su anulación son los números rojos que arrastran las cuentas de Sagunt durante los dos últimos ejercicios, que «limita la asunción de competencias distintas de las propias, cuando se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera», según marca la ley.
En cualquier caso y según se apunta en el acuerdo de la junta de gobierno adoptado hace unos días, otra salida hubiera sido la redacción de informes por parte de la Generalitat que señalaran la inexistencia de duplicidades y la buena situación económica que permitiera asumir esas competencias. En este caso es más bien al contrario, ya que la dirección general de Administración Local informó desfavorablemente en abril sobre la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Sagunt, lo que le obliga a deshacerse de aquellas competencias que tenga asumidas sin ser propias.
