Bajo la dependencia orgánica de la Subsecretaría y con plena autonomía funcional, la Intervención General, que tiene rango de dirección general, ejerce las competencias establecidas en el título III del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y, en concreto, el control de todos los actos de la administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y empresas públicas, que dan reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines asignados en el mismo, y en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal. Cuando en la práctica de un control la intervención aprecie que los hechos acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles de infracción administrativa o de responsabilidades contables o penales, lo deberá poner en conocimiento del órgano competente para la iniciación del oportuno procedimiento de responsabilidad.

Lo descrito hasta aquí es lo recogido en los decretos que regulan las funciones de la Intervención de la Generalitat, y que conviene recordar. Cuando ahora todos los valencianos sufrimos recortes en los servicios básicos que presta nuestra institución autonómica (políticas de empleo, educación, sanidad, dependencia…) como consecuencia de la política de despilfarro y presunta corrupción del Consell, cabe hacerse una serie de preguntas: ¿Nadie advirtió ninguna «anomalía» en los expedientes de contratación, modificación de obras o complementarios de los mismos, que efectuaron empresas como Cacsa, Ciegsa, Ciudad de la Luz u otras del amplio sector público de la Generalitat? ¿A nadie le llamó la atención y dio por bueno que obras ejecutadas por esas firmas en algunos casos costasen un 300% más del presupuesto? ¿Nunca se plantearon investigar? Y si lo hicieron, ¿qué resultados obtuvieron? Las reflexiones vienen a cuento de una discusión cuyo tema central era el papel de la Intervención General de la Generalitat, que, por cierto, desde el 1 de enero tiene rango de Secretaría Autonómica. Brillante ascenso.