La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno prevé aumentar en 2.500 millones de euros la recaudación del Estado gracias a la regularización de cerca de 25.000 millones de euros hasta ahora ocultos a la Hacienda Pública. Para ello, el Ejecutivo de Mariano Rajoy facilitará a los poseedores de dinero negro la posibilidad de «legalizar» sus capitales a cambio de abonar el 10 %. El plan, que se ejecutará a través de declaraciones confidenciales, permite a los defraudadores eludir sanciones y multas. Puede que el tándem que conforman los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, presionado por la necesidad de atajar el déficit, haya llegado a la conclusión de que más vale pájaro en mano que reforzar las acciones antifraude de la Agencia Tributaria. Cierto es que los resultados de su iniciativa están por ver, pero la primera conclusión es que los ciudadanos extraen la sensación de que Hacienda termina por premiar a quienes no cumplen mientras se muestra implacable con los que no esconden sus ingresos. Además, la amnistía fiscal no ataja uno de los principales problemas del sistema recaudatorio español como es la economía sumergida. Sólo en la Comunitat Valenciana representa ya el 23,3 % del PIB. Es decir, hay 24.707 millones de euros ocultos al Fisco. Y en España el volumen de dinero negro asciende a 244.918 millones de euros. El contraste de estas cifras con las que maneja el Gobierno con la amnistía fiscal no sólo revela su escasa ambición, sino que pone en evidencia la dudosa eficacia de la medida.
