La Generalidad Valenciana (GV) vive con una deuda inasumible. Hemos vivido demasiados meses con préstamos venciendo inexorablemente, de bajada de ingresos fiscales y de falta de decisiones del Consell de Fabra, una situación que ha acabado por amenazar cosas muy básicas para el día a día de los valencianos. Hoy, ni Bruselas, ni Madrid van a admitir un céntimo más en el déficit pactado por la GV en los próximos años. Las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, las del Consejo de Ministros del viernes, junto con los patéticos silencios del pleno del Consell, muestran la incapacidad de la GV para tomar medidas que pueda considerarse que están a la altura de las circunstancias que vivimos en la Comunidad Valenciana (CV).
Mas allá del copago y de todos los recortes que han marcado esta primera quincena de julio, aquí, estamos con episodios que pueden terminar con la Sanidad Pública tal como hasta ahora la hemos disfrutado. No se trata de alarmismo, sólo someter a la consideración del lector, lo que Levante-EMV ha ido informando en los últimos días, en lo que se refiere a las decisiones de la Conselleria de Sanidad. Lo que sigue es el relato de un esfuerzo, tan bien intencionado como desgraciadamente inútil, que ha tenido al conseller del ramo Luis Rosado como protagonista y cuyo fracaso desgraciadamente justifica el título que encabeza estas líneas.
Estas son las condiciones de contorno que determinan nuestro futuro:
1) Hace meses, el conseller Rosado propuso un modelo de gestión público-privada que, con independencia de lo que cada lector piense, fue un intento de reacción a lo que ahora ya detectamos con evidencia. Se trataba de, por un lado, conseguir fondos que permitieran ayudar a cubrir el déficit de 2012 de la GV y, por otro, de dejar la gestión sanitaria en manos de empresas privadas a las que en la conselleria se adjudica el talento suficiente para reducir el gasto en un 10 % para los servicios no estrictamente sanitarios y en un 15 % para los sanitarios concertados y no concertados. Dato que cuando menos merecería una cierta explicación, ya que son muchos los profesionales con responsabilidades en la gestión de la salud.
2) Más allá de la ideología que cada uno tenga, es bueno que asumamos que al día de la fecha, esta iniciativa está parada (quizás debería decir muerta) debido a cuatro causas básicas:
a) Se ha pretendido «vender» a las empresas privadas un modelo que éstas no quieren «comprar» ya que modelos parecidos al que Rosado propone han presentado serios problemas en otros sitios. En la estrategia de captación de empresas privadas, la GV habla de agrupar los 18 departamentos que gestiona en la actualidad, ya que los los cinco restantes funcionan con el «modelo Alzira» que no coincide con el ahora propuesto.
b) Los informes jurídicos de la propia GV acerca de la compatibilidad de lo planteado por Rosado, con el meollo de nuestro ordenamiento legal dicen que en él aparecen dudas muy serias. Al parecer lo que ahora se propone se compadece mal con la forma de ejercer las obligaciones propias de la GV.
c) Ninguna empresa del sector parece estar interesada en embarcarse en un proyecto que establece un canon de 780 millones por la explotación de los servicios durante cuatro años, de los cuales 360 millones correspondientes a los dos primeros años se pagarían al inicio, por las urgencias presupuestarias del 2012. Los bancos no están en condiciones de patrocinar este tipo de adelantos.
d) A tenor de lo que aquí hemos vivido en términos de privatización de servicios sanitarios que son obligación de la GV, el interlocutor básico estaba pensado que fuera Ribera Salud una empresa que, como ya hemos dicho, además de operar con otro modelo distinto al que propone Rosado, vive en estos momentos un problema de identidad empresarial evidente, como consecuencia de lo que han vivido sus dos «padres»: CAM y Bancaja, dos organismos hoy desaparecidos en la práctica y cuyas decisiones últimas, hace meses, que están fuera de la CV y de instituciones relacionadas con la sanidad como actividad empresarial.
4) Si en algún momento se pensó en atraer capital foráneo, hoy basta con constatar que vivimos un verano en el que la compra de valores procedentes de España, despierta escasos entusiasmos fuera de nuestras fronteras. Por mucho que nos empeñemos no son tiempos para intentar colocar un negocio que dice tener a la GV como cliente principal.
Mas allá de reconocer el esfuerzo hecho para evitar la quiebra sanitaria, a fecha de hoy, es necesario decir que la idea impulsada por el conseller no progresa en ningún sentido, y ello ocurre al tiempo que las cuentas de la GV profundizan en su situación de quiebra. Todo parece indicar que el Consell como gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias; a modo de ejemplo, nadie entiende que hayamos llegado al 15 de julio de 2012 sin tomar medidas sobre servicios públicos mucho menos esenciales que la sanidad (por ejemplo RTVV).
Hasta las cosas más hermosas, pueden desaparecer. Cuando algo muy importante se escapa, la búsqueda de culpables es un impulso comprensible, aunque no es ni prioritario, ni inteligente quedarse sólo en esta tarea. Lo que en estos días hay que hacer es poner lo mejor de todos para buscar la forma de conservar todo lo que sea posible de la sanidad pública que se nos escapa por momentos y cuyo valor es enorme.
Según la GV el colaborador privado lograría sumar, tras 15 años de concesión, unos ingresos de casi 12.000 millones de euros frente a unos gastos de unos 9.500, un total de 170 anuales de media, contando con que los dos primeros años serán de pérdidas. El argumento no ha funcionado y la misión de una administración pública no puede ser la de vender un plan de negocio a empresas privadas, que obviamente saben mucho mejor que los funcionarios, el potencial negocio que puede haber en su sector.
Los esfuerzos del equipo de Sanidad para vender una idea que a nadie interesa tiene algo de patético y requiere que se cambien las perspectivas de forma urgente e inmediata. Uno recuerda las conversaciones de hace más de 10 años, entre el Ministerio de Fomento y las empresas constructoras sobre las autopistas radiales de acceso a Madrid. Eran proyectos que el sector privado no veía claro como negocio, pero que ante el entusiasmo del ministerio, lo privado decidió hacer su parte siempre que la administración pública se hiciera cargo de las futuras pérdidas. Hoy lustros después, el Estado tiene que pagar miles de millones a los constructores por autopistas vacías que no producen peajes. Desde entonces uno sabe que toda privatización debe hacerse a demanda de las empresas, no como reacción a la falta de presupuestos públicos; no se puede garantizar con dinero de todos, el fallo que pueda darse en supuestos negocios relacionados con servicios públicos. Asumamos las cosas como son y si es necesario cambiemos las personas que han propuesto soluciones que no han sido factibles. Es la salud de todos la que esta en juego.
Con la iniciativa privada desinteresándose del proyecto, han sido demasiados meses los que han pasado, defendiendo desde la GV la hipótesis de que si el Sistema Valenciano de Salud se gestionara por entidades privadas, se podría reducir sensiblemente su presupuesto. Se puede entender que la administración sanitaria debe desprenderse de hábitos caducos e incorpore una gestión más flexible, pero no es fácil entender, en palabras de Pilar G. del Burgo como en periodos de crisis aguda, pueden convivir conceptos tan antagónicos como empresas que legítimamente quieren obtener beneficios y el cuidado de la salud de los ciudadanos sin límite de medios. De hecho, el final del proceso es tan dudoso que pone en entredicho el propio concepto de sanidad pública. Es por ello que se impone un debate pausado e inteligente.
Hay que reaccionar, la sanidad pública se nos va.
