Miles de investigadores salieron ayer a la calle en toda España „entre 400 y 500 en Valencia„ para protestar contra los recortes que amenazan con dejar en estado terminal la política científica de nuestro país. Si en el último decenio el progresivo incremento de los presupuestos había permitido recortar tímidamente distancias con otros países del entorno, desde el año 2009 la financiación pública del I+D+i ha caído un 38,67 %. De forma que el gasto en ese capítulo en 2011 retrocedió al 1,33 % del PIB, casi la mitad de lo que dedican los Estados europeos más punteros. De hecho, el nuevo Gobierno francés ha aplicado recortes en todas las partidas presupuestarias menos en educación e investigación, y Alemania mantiene su apuesta por la innovación como herramienta fundamental para mantener la competitividad de su poderosa industria. Ése es precisamente uno de los principales problemas que España no ha conseguido aún vencer: la transferencia de conocimiento entre los centros investigadores „fundamentalmente las universidades„ y las empresas. Además de la escasa disposición, en líneas generales, del sector privado para destinar recursos a la investigación. La combinación de todos esos factores ha dado lugar a una nueva fuga masiva de cerebros de destacados investigadores a países donde están mejor remunerados y reconocidos, profesional y socialmente. Así, mientras el discurso oficial insiste en subrayar la necesidad de apostar por el I+D+i como salida a la crisis y para reconducir nuestro modelo económico, parecemos retroceder a la vieja proclama unamuniana de «que inventen ellos». Y ése es un riesgo que no nos podemos permitir.
