El Partido Popular y el Socialista han pactado una ordenanza de prostitución que pretende acabar con la venta callejera de sexo en la ciudad de Valencia, más exactamente en el barrio chino, cuyos vecinos denuncian un día si y otro también la incompatibilidad de este mercadeo con la convivencia ciudadana. El resultado, sin embargo, es más que dudoso. De hecho, hay mucha gente a la que no le gusta, a unos por exceso y a otros por defecto. Se antoja, en cualquier caso, un instrumento que aplicado con rigor puede tener buenos resultados pero que dejará mucho que desear si se hace una aplicación de mínimos.

Trato dispar. Lo primero es que no multa a las mujeres, o al menos eso parece desprenderse de un texto tan ambiguo como contradictorio. Siendo una negociación prohibida en todos sus términos y con las prostitutas como parte lucrativa, tiende difícil encaje jurídico que toda la responsabilidad económica y personal recaiga sobre el cliente. Pero es que además, quizá por eso mismo, se prevé advertir primero, no se sabe hasta cuantas veces, para multar después. De ahí lo que decía antes de intervenir con rigor o con lasitud.

Contra la publicidad. En lo único que ha habido contundencia es en prohibir la publicidad sexual en soportes públicos y en reclamar la reinserción social y laboral de las prostitutas, algo que, aún así, pretende ahora ampliar y pormenorizar el equipo de Gobierno y el PSPV visto el rebote de los agentes sociales y de los otros dos partidos de la oposición.

Desánimo. Si se miran otras ordenanzas de otras ciudades, el texto va mucho más allá en todos los sentidos. Ésta se queda corta, muy corta. Se nota que se ha hecho con cierto desánimo, como ha confesado en privado algún representante del equipo de Gobierno, y sin la colaboración de las entidades directamente implicadas en este problema. Ahora, con cierta urgencia se ha convocado la Mesa de la Prostitución. Igual le dan una vuelta.