El Consell aprobó ayer el proyecto de decreto que regulará las pruebas diagnósticas de todos los centros de educación primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos. La medida, que permitirá comprobar el grado de eficiencia de la enseñanza pública, reconcilia a la Generalitat con la OCDE, cuyo mecanismo internacional de evaluación fue despreciado por el gobierno autonómico a lo largo de varias legislaturas. Durante años nos convertimos en la única región española que permanecía ajena al informe PISA. La consellera actual, María José Catalá, decidió en mayo rectificar la cerrazón de sus antecesores „tan militantes del PP como ella„ y con ello se han dado los pasos necesarios para que la Comunitat Valenciana comulgue con la filosofía de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida por el nombre de su inspirador: Ley Wert, un ministro nombrado igualmente por el mismo partido que gestiona la Generalitat.
La cultura de la evaluación ayuda no sólo a conocer el nivel de competencia de nuestros alumnos, sino también, una vez se publiquen los conclusiones de las pruebas, a rectificar los errores y mejorar la enseñanza pública. Los estudios aseguran que esta práctica permite mejorar los resultados tanto en el ámbito escolar como en el familiar, ya que los padres podrán acceder al informe siempre que garanticen su confidencialidad. Todo son ventajas y cabe celebrar la apuesta de Catalá. Lo extraño es que sus predecesores no opinaran como ella.
