Sócrates fue juzgado y condenado injustamente. Sus amigos le ofrecieron la posibilidad de huir de Atenas, para evitar cumplir la sentencia, pero el filósofo decidió tomar la cicuta, cumplir la ley. Todo un ejemplo de civismo extremo que debiéramos tener en cuenta los europeos.
El cumplimiento de las leyes debe ser incuestionado en las sociedades democráticas en que los derechos fundamentales y las libertades públicas están plenamente garantizados. Ese es el caso de España. Nos pueden parecer incorrectas determinadas leyes, nos pueden parecer injustas, y si es así deberemos combatirlas mediante los instrumentos que nos proporciona el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional. Utilicemos las libertades públicas que nos proporciona la Constitución, que son muchas. Pero los ciudadanos responsables no debemos incumplirlas y mucho menos inducir a su incumplimiento. La objeción de conciencia debe limitarse al estricto ámbito previsto en la Constitución en su artículo 30, inaplicado al suprimirse por ley el servicio militar obligatorio.
En los sistemas no democráticos puede justificarse el incumplimiento de las leyes. Las dictaduras y los sistemas autoritarios en general se olvidan de que la legitimidad de las leyes solo puede sustentarse en los regímenes democráticos que garantizan que las leyes expresan la voluntad de los ciudadanos a través de complejos procesos de elaboración de las normas, y siempre que los derechos fundamentales y las libertades públicas estén plenamente garantizadas.
Uno de los síntomas más preocupantes que podemos observar en España desde la promulgación de la Constitución es que líderes de partidos políticos han llegado a considerar políticamente incorrecto cumplir y hacer cumplir las leyes o las resoluciones judiciales. Los ejemplos serían muchos a lo largo de los últimos años. Y no menos grave ha sido que los mencionados líderes hayan intentado deslegitimar la instrucción o las sentencias de los jueces y tribunales cuando sus resoluciones les han sido desfavorables. Así, los que elegimos para que dicten leyes y para que las hagan cumplir se consideran por encima de las leyes. Y son esos mismos gobernantes los que son implacables con el incumplimiento de las leyes y los reglamentos por los ciudadanos singulares.
El panorama cambia cuando los incumplimientos son masivos. Por poner algunos ejemplos, los que ocupan plazas públicas sin autorización alguna; los llamados piquetes informativos que en las huelgas, lejos de informar, impiden que los que quieren trabajar puedan ejercer su derecho; los manifestantes que destruyen propiedades públicas y privadas y un largo etcétera. Todos esos que desprecian el cumplimiento de la ley, en casos como los anteriores o similares, suelen exigir como moneda de cambio, para cesar en su incumplimiento, que no se aplique la ley. Y los poderes públicos con frecuencia se pliegan a dichas pretensiones.
Así, a la vista de estos ejemplos podríamos pensar que sería políticamente incorrecto: desalojar a los que ocupan las calles y plazas públicas sin autorización alguna, causando perturbaciones importantes en los ciudadanos y comerciantes; exigir responsabilidades a los que impiden la circulación por carreteras creando barricadas; o sancionar a los que impiden a los demás el ejercicio de sus derechos y libertades, y así sucesivamente podríamos poner infinidad de ejemplos de conductas contrarias a la ley por las que no se exigirían responsabilidades a sus autores.
Los poderes públicos tienen que ser siempre equilibrados y proporcionados ante el incumplimiento de la ley. El incumplimiento de la ley en ningún caso puede justificar la brutalidad, la pérdida de control, la ausencia de proporcionalidad en la respuesta de los poderes públicos. Pero la prudencia no puede confundirse con la inacción. No debe significar que la ley olvide a los incumplidores generando, además, una gran injusticia en el trato igual que merecen los ciudadanos. Pues lo contrario sería consagrar que el incumplimiento masivo de leyes produce la extinción de las infracciones. Mientras que el mismo incumplimiento producido por ciudadanos singulares sería severamente sancionado.
Algunos parecen haberse instalado en una sensibilidad que es más propia de los que viven en sistemas autoritarios que en sistemas democráticos. Pues en los sistemas democráticos la seguridad, en sus distintas vertientes, debe ser una de sus leyes de oro. Sin seguridad no es posible la libertad de la mayoría. Deben utilizarse los cauces democráticos cuando las leyes nos parezcan injustas o cuando creamos que debemos modificarlas para mejorarlas, pero el incumplimiento de las leyes debe descartarse en todo caso.
Cuando el incumplimiento de las leyes y sentencias es cosa de los políticos, la gravedad es máxima. Y desgraciadamente se ha convertido en costumbre: los ejemplos los podemos encontrar en todos los partidos políticos que han gobernado en España, ya sea en el Estado, en las comunidades autónomas o en los entes locales. Cuando un gobernante anuncia que no cumplirá una determinada norma que le vincula entramos en una zona antidemocrática en que la gravedad es máxima. Los guardianes de la legalidad convertidos en los infractores de la legalidad. ¿Con qué legitimidad pueden éstos exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las normas por ellos dictadas? Con ninguna.
El reciente caso de la imputación judicial de altos cargos de la Generalitat de Cataluña es un ejemplo paradigmático. Así, el Tribunal Constitucional declaró la incompetencia de la Generalitat para organizar una consulta que aprobó el Parlament catalán. Sin embargo, el Govern hizo caso omiso y convocó y organizó la consulta, razón por la que han sido imputados el presidente de la Generalitat y dos de sus consejeras. Las reacciones de los partidos políticos han sido de diferente naturaleza. Al margen de los que han sido respetuosos con el funcionamiento del poder judicial, con distintos matices, algunos de ellos discutibles, algún partido democrático ha lamentado la que ha calificado de judicialización del incumplimiento, que debiera ser tratado «políticamente». De manera que, probablemente de modo inconsciente, se está justificando el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.
De esa misma opinión serían algunos fiscales que parecen haber olvidado que la defensa de la legalidad que les encomienda la Constitución excluye que adopten decisiones teñidas de oportunidad o conveniencia políticas. Y los partidos independentistas esgrimen que en ningún estado de derecho puede ser delictivo consultar a los ciudadanos. Y no se equivocan, lo delictivo no es que los ciudadanos se pronuncien, sino que determinadas instituciones públicas se atribuyan competencias que no tienen, y que las instituciones y sus titulares desobedezcan las sentencias judiciales.
En una ocasión, un juez federal norteamericano que daba una conferencia en una universidad española, a la pregunta de un juez español sobre la severidad con que se trataba a los que incumplían las sentencias judiciales, respondió que incumplir una sentencia judicial era incumplir doblemente la voluntad popular de la que ellos eran también custodios. Nuestros políticos debieran tomar ejemplo del filósofo griego cumpliendo las leyes y, además, haciéndolas cumplir, eso es lo que debe ser políticamente correcto en nuestro Estado de Derecho.
