La corrupción en España es percibida por la ciudadanía como una de las principales preocupaciones de nuestra sociedad. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 50% de la población considera que, junto con el fraude, constituye uno de los tres problemas más importantes que existen hoy en nuestro país. Sin embargo, esto no siempre ha sido así ya que hasta principios de la presente década, esta lacra que abarca lo social, lo político y lo económico era vista como un problema solo por el 1% de los ciudadanos. Esta creciente preocupación por los temas de la corrupción, coincide en el tiempo con la crisis económica y con una mejor y mayor información de los casos que afloran en los medios, que se centran de manera especial en denuncias en el sector urbanístico y ligadas muchas de ellas con la financiación de los partidos políticos.
La transparencia administrativa es uno de los principios de buena gobernanza para luchar contra esta inmoralidad. Tanto organismos internacionales como expertos en su lucha defienden que cuanto mayor sea el nivel de transparencia en las Administraciones Públicas, menores serán los niveles de corrupción de un país. Cuanto mejor conozcan los ciudadanos el funcionamiento de los organismos encargados de gestionar lo público, mayor será su confianza en las instituciones públicas y menores posibilidades de que haya corrupción. Para acabar con la corrupción es absolutamente necesaria la voluntad política para llevarlo a cabo, pero un observatorio contra ella constituye un elemento importante para combatir y reducir actividades y conductas corruptas.
El Observatorio del Pacto Estatal frente a la Corrupción propuesto por Fundación por la Justicia dentro de la iniciativa ciudadana ´Pacto Estatal contra la Corrupción y por la regeneración cívica´, tiene como misión, por un lado, mantener informada a la ciudadanía de la evolución del grado de ejecución de las propuestas contenidas en dicho documento a través del seguimiento de los indicadores de cumplimiento correspondientes y, por otro, promover e impulsar nuevas medidas contra la corrupción en aras de una mayor transparencia en todos los ámbitos.
La corrupción no es fácil de medir porque todas las actuaciones relacionadas con ella son de carácter opaco. Existen indicadores para dimensionarla que pueden ser objetivos (como por ejemplo, datos en juzgados), o subjetivos (índices de percepción de la corrupción). En este segundo caso, la información obtenida proviene de encuestas realizadas a expertos o a ciudadanos, siendo éstos indicadores los utilizados normalmente en todo tipo de comparaciones a lo largo del tiempo, tanto a nivel nacional como internacional. Las medidas de la corrupción propuestas en el Observatorio del Pacto Estatal frente a la Corrupción permiten hacer un seguimiento del comportamiento de las variables seleccionadas a partir de ambos tipos de indicadores, poniendo el acento en las variables de carácter cuantitativo, bajo el paraguas de la transparencia como mecanismo fundamental para reducción de dichas actividades.
El Pacto Estatal contra la Corrupción y por la regeneración cívica, impulsado por Fundación por la Justicia, recoge el compromiso de siete partidos políticos con representación parlamentaria a nivel estatal, así como más de cuarenta entidades y numerosos particulares de la sociedad civil para luchar contra la corrupción en nuestro país. Este acuerdo, además de proponer una mayor transparencia aboga, entre otras cosas, por una regeneración ética en la gestión de los recursos públicos, por unos sistemas de control que garanticen su correcta utilización y una mayor profesionalización e independencia de los funcionarios implicados en las contrataciones contractuales con el Sector Público. No cabe duda que iniciativas como esta, permiten sentar las bases para un mayor control, seguimiento y exigencia de responsabilidades en los ámbitos de lo público y lo privado para lograr que la corrupción deje de ser considerada por los ciudadanos como uno de los principales problemas de la sociedad española.
