El nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que proyecta la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural está generando malestar y dudas en las asociaciones de consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana, sobre todo porque, según los datos a los que hemos tenido acceso estos colectivos sociales, el incremento que se producirá por los gastos de gestión del retorno de los envases va a repercutir en el bolsillo de los consumidores.

Prácticamente, todos los sectores implicados se han posicionado en contra, o han alegado reparos importantes que van a suponer un serio problema a la hora de poner en marcha el nuevo sistema de depósito de envases. Las asociaciones de usuarios y consumidores seguimos teniendo muchas dudas que a día de hoy nadie nos ha resuelto, una situación que está aumentando la incertidumbre y la preocupación. Los datos a los que hemos tenido acceso no están contrastados, algunos carecen de rigor científico y, en la mayoría de casos, son contradictorios, por lo que están ocasionando muchas dudas a todos los agentes sociales.

Las asociaciones de consumidores y usuarios consideramos que desde el principio este tema no se ha gestionado correctamente en cuanto a la recepción de opiniones de todos los agentes sociales implicados puesto que, en algunos casos, no se han podido realizar aportaciones dirigidas a mejorar el proyecto y se han encontrado, además, con todo el trabajo concluido, evitando de esta manera la presentación de propuestas.

Las preguntas sin respuesta son muchas. ¿Qué va a pasar con los envases que no se admitan? ¿Qué va a pasar si hay dificultades de acceso a los nuevos puntos de depósito de estos residuos? ¿Qué pasará con los trabajadores de las plantas de reciclaje? Desde el punto de vista fiscal han surgido, además, dudas que pueden poner en entredicho algunas cuestiones claves a la hora del pago del retorno. La tasa de retorno prevista no debe justificar en ningún momento el incremento en el gasto para el consumidor, a pesar de que entendamos que, en muchas ocasiones, la protección del medio ambiente tenga un coste, pero no tienen porqué pagarlo siempre los mismos, la ciudadanía.

También habría que definir qué pasa con los ayuntamientos, de qué manera les va afectar y qué va a pasar con sus campañas de concienciación y sensibilización en materia ambiental, porque desde la Federación de Municipios se ha manifestado que la aplicación del nuevo sistema no va a repercutir en el conjunto de la recogida de envases, pero como consumidores nos preocupa también la labor de promoción y concienciación ciudadana en todo lo referente al medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Otro aspecto que valoramos y que nos inquieta es la situación del pequeño comercio. No se puede hablar y promover el comercio y los productos de proximidad y, luego, implantar un nuevo sistema de depósito de envases que sólo pueden llevar a cabo las grandes superficies. ¿Se van a establecer mecanismos fiscales que favorezcan a los agentes implicados? ¿Puede hacer frente la Administración valenciana a todos los costes, y hasta qué punto tiene todas las competencias para poder llevar a cabo una reforma de estas características? ¿Cómo está esta situación y qué está pasando con los residuos de envases de otras comunidades autónomas?

En este sentido, habría que generar un mayor diálogo y participación para canalizar las opiniones de todos los actores. Ante este tema se hace urgente una reflexión mucho más profunda y seria para que ningún sector se vea perjudicado. Queremos tener más información a la hora de posicionarnos y queremos un consenso entre todos los sectores.

Nuestra postura, por lo tanto, es abogar por un consenso amplio entre todas las Administraciones. Proponemos, en este sentido, la creación de una mesa de diálogo y debate en la que confluyan todas las Administraciones y todos los agentes implicados. La aplicación del SDDR en la Comunitat Valenciana no puede enfocarse únicamente como una cuestión de porcentajes de generación y recogida de residuos de envases, o una batalla de cifras, porque se trata de una normativa que afecta en gran medida a la vida de las personas, al tejido empresarial del comercio de proximidad y a la concienciación y compromiso ciudadano con el medio ambiente.