El oleaje del último temporal vivido en el litoral mediterráneo, tras las nieves y lluvias, ha dejado un rastro de destrucción en las viviendas e infraestructuras de primera línea de costa. Se han alzado pronto las voces de propietarios y administraciones locales reclamando ayudas y actuaciones urgentes para devolver esos espacios a su estado anterior al desastre. Se pide que todo vuelva a su normalidad antes de Semana Santa. Difícil va a estar la cosa, porque el daño sufrido ha sido mucho.
En este orden de cosas, uno se plantea: ¿por qué tenemos que sufragar el conjunto de los españoles los gastos de esos daños, especialmente cuando se trata de actuaciones que en muchos casos están en dominio público marítimo-terrestre? Entonces, si es dominio público marítimo-terrestre de todos los españoles ¿por qué tienen un uso privado? Sí, es cierto, la ley de costas ampara esta situación. Especialmente la ley actual de 2013, porque la anterior de 1988, había lanzado un mensaje claro: esos espacios son públicos y su ocupación concesional era provisional. La ley actual ha ampliado esas concesiones 70 años más. Por tanto, esos propietarios, en realidad concesionarios, están en todo su derecho de pedir ayudas para que retorne pronto la situación anterior al temporal. Otra cosa es que mucha gente piense que eso es irracional desde el punto de vista territorial y ambiental. Y que en los próximos 70 años tendremos que pagar varias veces más, porque estos temporales, si se cumplen las previsiones de cambio climático, se van a volver más frecuentes. Es legal, sí. Pero es irracional e insostenible. Pero así se ha querido y así se aprobó. Y nosotros, como siempre, a pagar por algo que, en teoría, es de todos los españoles „la primera línea costa„ pero no podemos disfrutarla porque en algunos tramos está ocupada.
