15 de febrero de 2017
15.02.2017

Garoña, de nuevo

15.02.2017 | 04:15
Garoña, de nuevo

En un país como el nuestro en el que las eléctricas mandan mucho más que el Gobierno, no es de extrañar que el futuro de un sector de alto impacto sociológico como es el nuclear, dependa sobre todo de los intereses de la propia industria, y no de los ciudadanos.
El Consejo de Seguridad Nuclear, máximo órgano técnico-político, ha emitido un informe favorable a la reapertura de la central de Santa María de Garoña, actualmente la más antigua de España e inactiva desde 2012, condicionado a la implementación de las nuevas medidas de seguridad exigibles tras el desastre de Fukushima. El CSN lo componen esencialmente políticos del PP „en mayoría„ y del PSOE, contando entre ellos con un solo miembro que es especialista en la materia. Algo así como en las antiguas cajas de ahorros, que como todos sabemos fueron arruinadas por consejeros políticos inexpertos e interesados. El informe ha sido apoyado por cuatro de sus cinco miembros, discrepando solo Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente del PSOE, que en su momento vio truncada su carrera en dicho ministerio por hacer demasiado bien su trabajo.

El PP siempre ha sido pronuclear, de hecho se quedó francamente contrariado con la no aceptación por parte de Nuclenor del compromiso de realizar las mejoras de seguridad preceptivas en 2012, por la sencilla razón de que no le resultaba rentable sin una garantía de prolongación de la vida útil de la central. De hecho este movimiento no se vincula solo a Garoña, pues ni siquiera es evidente que a Nuclenor le interese reabrirla; su objetivo es de mucho mayor calado: aumentar la vida de las centrales nucleares españolas hasta los 60 años, mucho más allá del tiempo para el que fueron diseñadas. Todo se reduce a un tema económico: a más tiempo de explotación, mas riesgos de seguridad para la ciudadanía y más ganancias para las eléctricas.

Con este objetivo de ampliación, ya se van proponiendo almacenes temporales individualizados de residuos de alta actividad en el ámbito de cada central, empezando por el que ahora se quiere construir en la nuclear de Cofrentes. Sin embargo, por su trascendencia pública, las decisiones sobre el futuro nuclear en nuestro país deberían ser acuerdos políticos basados en la consulta a expertos de muy diversos ámbitos científicos y sociales, y atendiendo a la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Es momento de ver si el cambio en el espectro parlamentario, la ausencia de mayoría absoluta del PP y la crisis existencial del PSOE, influyen en algo en la capacidad política de regular razonablemente la vida útil de las centrales nucleares, que las eléctricas desearían que rozara la inmortalidad.

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