España sigue comprando derechos de emisión de CO2 para poder cumplir su objetivo de reducción de emisiones, dentro del protocolo de Kioto. España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones un máximo del 15 % en relación al año 1990. Y nunca se ha cumplido realmente. Lo que ha ocurrido es que se han comprado derechos de emisión a otros países, para poder ajustar el balance. La compra de derechos de emisión se incluyó en el texto del protocolo de Kioto, como mecanismo para ocular los incumplimientos de los países que anualmente no pudieran cumplir los objetivos pactados en este acuerdo internacional. Un mecanismo perverso, como se ha comprobado, porque la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera terrestre no ha dejado de crecer desde que se puso en marcha este protocolo, al margen de que países como China, la India o los Estados Unidos no lo firmaran en su momento. Durante el período 2008 a 2012 España tuvo que comprar derechos de emisión al mercado internacional por valor de 800 millones de euros a fin de alcanzar el compromiso adquirido en el protocolo de Kioto. Dos datos finales a llevar en cuenta: el 31 de diciembre de 2020 dejará de tener vigencia el Protocolo de Kioto; pero las obligaciones de reducción de emisiones no habrán acabado para nuestro país. Todo lo contrario. El Acuerdo de París y los planes de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos que cumplir son incluso más exigentes que el tratado de Kioto. O el gobierno se decide a hacer una apuesta mucho más clara por las energías limpias, o difícilmente podremos cumplir los nuevos compromisos. Porque a la vista de lo ocurrido hasta ahora, no hay muchas esperanzas.
