«Si com lo taur s´en va fuit pel desert/quan és sobrat per son semblant qui el força,/ne torna mai fins ha cobrada força/per destruir aquell qui l´ha desert». Ausiàs March (Segle XV)
las Cámaras de Comercio, que nacieron hace 132 años por la incapacidad de las organizaciones empresariales, han sido siempre objeto del afán de poder y de la codicia de las patronales. Con desazón asistimos los miembros del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio de València al fin de la prolongada legislatura de ocho años en la que hemos estado al servicio de la institución que preside José Vicente Morata. Algunos proveníamos de cuatro anualidades bajo la presidencia de Arturo Virosque y siete de intenso trabajo. Más de 41 años lleva en el pleno Enrique Silla, el único expresidente vivo, que fue forzado a dimitir en 1995, después de un infarto, en el acoso a estas instituciones centenarias a manos de CEOE y sus colegas, alineados con el PP. El carácter disparatado del proceso electoral en las Cámaras de Comercio fue descrito con maestría profesional el domingo pasado en Levante-EMV por Jordi Cuenca.
Persecución. Otros fuimos perseguidos y despedidos por defender la institución de las insidias de quienes pretendían acabar con ella. El Tribunal Constitucional falló contra sus acechanzas en 1996 y les frustró el plan para liquidarlas. No es halagüeño que hasta la última sesión del pleno saliente, la tónica de sus comparecencias se haya caracterizado por el silencio. Menos aceptable es que cuando, en la sesión de despedida, se trataron las rectificaciones al Reglamento de Régimen Interior propuestas por la Conselleria d´Economia -autoridad tutelante - tuvimos que escuchar el tono displicente que utilizó la secretaria general de la Cámara, Ana Encabo, al asumir los cambios recomendados por la Generalitat.
Opacidad. El proceso electoral que pretendía ser más democrático ha resultado todo lo contrario. No se sabe si habrá votación en algún grupo empresarial. Para hacer ver que hay posibilidad de elegir, cuando la designación de los elegibles ya ha sido amañada. Privilegio de las patronales mayoritarias. Quedan incógnitas sin resolver. ¿Cómo se puede hablar de organizaciones empresariales principales cuando este colectivo está inmerso en una crisis abierta? ¿Quebradas Coepa, CEC y Cierval, designará la CEV los vocales de las Cámaras de València, Castelló, Alicante, Orihuela y Alcoi? ¿Manipulará todo el proceso electoral en la Comunitat Valenciana? El legislador parecía que iba a desbaratar esta confabulación anacrónica, con la última ley de bases de 2014 y la autonómica de 2015, que le coló el Partido Popular al Consell del Botànic en sintonía con los dirigentes camerales. La aprobaron PP y PSOE con la abstención de Compromís.
PSOE y PP. Llegamos al capítulo de las responsabilidades. Esta situación certifica el fin de las Cámaras de Comercio de acuerdo con sus principios fundacionales, ajustados a la realidad económica del siglo XXI. Unos por acción y otros por omisión. Primero les dio la puntilla, sin alternativa, el presidente socialista, José Luís Rodríguez Zapatero, el 3 de diciembre de 2010. Presionado por los lobbies, eliminó por decreto la pertenencia de las empresas a las Cámaras y las cuotas obligadas. El segundo culpable ha sido el Partido Popular que, consciente de que no podía acabar con las Cámaras -Europa y el orden mundial lo impedían- cedió después de cuatro años de vacío legal, para promulgar una Ley de Cámaras en 2015, que es un engendro. Las pone en manos de sus enemigos, las patronales y las grandes empresas que quieren dominarlas, con el beneplácito de la Administración. De ahí viene el segmento de los plenos camerales actuales, compuestos por los que más pagan a las Cámaras. ¿Para qué votar si las vocalías se compran? Una aberración ademocrática.
Conselleria. El tercer culpable, más inmediato, es la Conselleria d´Economia, de Rafael Climent, a quien corresponde la tutela de las Cámaras de Comercio. La ley autonómica que legó el PP tendría que haberse reformado para evitar extralimitaciones. También ha tenido la oportunidad de aprobar un Reglamento de Régimen Interior que mejorara la transparencia. Para que no se tomen a chirigota a la conselleria. Deberían haber asistido a las convocatorias de sus órganos de gobierno -facultad que tienen conferida-para enterarse de lo que se decidía en las Cámaras. Cosas extrañas como la concesión de créditos inexplicados y sin aprobación del pleno, con una quita injustificada de 300.000 euros de la Cámara de València al Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Consejo autonómico que debería controlar la conselleria en su papel coordinador con visión de país. Cargos directivos y contrataciones con evidentes vinculaciones políticas. Se podría haber frenado que al exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte le obsequiara la Cámara de València 70.000 euros por un despido ficticio. Gobernar exige información, control y compromiso.
