Con estricta sujeción a la legalidad

Durante más de quince días, el PP ha disfrutado con una de las mayores campañas de propaganda y agitación mediática que durante los últimos tiempos se haya orquestado. Todo se concretaba en una «presunta» trama de financiación ilegal de otros partidos políticos adversarios.

Cuando la semana pasada se hizo público el auto de inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, por carecer de competencia territorial, en favor de otros juzgados, todo se desinfló y las tendenciosas argucias del PP quedaron expuestas a la luz pública. Mientras duró el secreto del referido auto, se dio cobertura a la factoría de falsedades y mentiras, refugiadas en la mezquindad y maledicencia con la que el PP suele difundir sus actuaciones.

La estrategia consistía en poner en marcha el ventilador, con el fin de salpicar a cuantas más instancias mejor, para así remover en un mismo lodazal el desprestigio de lo que constituye la noble acción política al servicio de la ciudadanía. Con el y tú más, se perseguía poner una cortina con la que enmascarar los mil y un casos de corrupción a los que el PP se enfrenta, la mayoría de los cuales todavía pendientes de ser juzgados.

La situación era kafkianamente delirante: los denunciantes conocían las cartas (aunque marcadas) y los supuestamente acusados (desconocedores de los hechos que se les imputaban) habíamos de invertir la carga de la prueba, para poder reafirmar tajantemente nuestra inocencia erga omnes. Ignominia en estado puro.

No obstante, al final se hizo la luz y el auto se hizo público. Y claro, de todo lo que se estuvo fabulando y calumniando, hasta lo que finalmente hemos podido conocer en el meritado auto, hay obviamente un trecho muy grande.

Muy escaso recorrido judicial auguro a las tres piezas activas pendientes de investigación. Que, de toda aquella imaginaria y supuesta trama, quedasen solamente tres pétalos marchitos, deja en evidencia la débil potencia incriminatoria de esta denuncia del PP. Sin embargo, se ha dañado grave e intencionadamente la imagen de aquellos a los que sin pruebas, fuimos metidos en el mismo furgón de la acusación mediática, cuando nunca se ha podido acreditar que sobre nosotros haya existido el más mínimo reproche administrativo, y mucho menos penal. Y este daño necesita ser reparado.

Todo lo anterior viene a colación de un contrato de comunicación que vía concurso público, y con tramitación ordinaria por procedimiento abierto, fue adjudicado por Aguas del Júcar a finales del 2005 con el siguiente objeto: «El diseño, la producción y el plan de medios de una campaña de comunicación sobre las actuaciones de infraestructura hidráulica respecto de las que Aguas del Júcar, SA, tiene la encomienda de gestión por parte del Estado».

Antes de continuar quiero brevemente explicar que las sociedades públicas estatales, como es el caso de la que nos ocupa, cuentan con una inspección a posteriori por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que se dedica a analizar la gestión económica de la sociedad estatal tanto desde la perspectiva de la verificación del cumplimiento de la legalidad, como del grado de control interno existente, así como de la adecuación de su actuación a los principios de buena gestión económico-financiera.

No fue fácil trece años después encontrar el informe que sobre el ejercicio 2005 efectuó la IGAE a la Sociedad Estatal Aguas del Júcar, SA, pero finalmente pudimos dar con él. Y claro, tal como recordábamos, la IGAE, en relación a dicha adjudicación, una vez por ella analizado todo el expediente de contratación, dijo en su informe que el contrato se ajustaba en toda su tramitación a la Disposición Adicional Sexta (Principios de contratación en el Sector Público) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y por si este análisis contrastado de legalidad fuera poco, el informe de la IGAE iba más allá y categóricamente afirmaba que el referido contrato y los gastos examinados derivados del mismo parecían razonables y estaban vinculados al objeto que la sociedad estatal tenía encomendado.

Por lo tanto, al contrario de todo lo que se ha publicado, es rotundamente falso que la IGAE haya encontrado irregularidades en todas las adjudicaciones analizadas en el auto de referencia. Cuanto menos, en la referida a Aguas del Júcar no existe mácula alguna; y ello es debido a que los que tuvimos el honor de gestionar dicha empresa pública actuamos siempre con estricta sujeción a la legalidad.

El PP con nosotros ha pinchado en hueso, y ya que solo nos queda el patrimonio de nuestra alma que defender, sirva la presente para restaurar la honra herida de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en dicha sociedad pública actuamos siempre conforme a derecho, en la defensa del servicio público a los ciudadanos y ciudadanas.