El pasado 6 de junio, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó los nombres de sus ministros. La presentación no tenía el aire de un Gobierno provisional. Un espectador que no conociera los antecedentes al escuchar al presidente llegaría a la conclusión de que quien hablaba había ganado las elecciones generales por mayoría absoluta, lo que le permitiría llevar a cabo un ambicioso programa electoral a lo largo de los próximos cuatro años.
Los miembros del Gabinete, que se fueron conociendo con cuentagotas, recibieron elogios por lo general, incluso de algunos conservadores. En unos casos, por su demostrada posición constitucionalista; en otros, por su clara vocación europeísta, y la inmensa mayoría por sus aptitudes profesionales. Salvo algunos de los nombrados, la mayoría son conocedores de las competencias que van a asumir por haber ocupado cargos en ministerios o en gobiernos autonómicos, o como consecuencia de su condición de parlamentarios estatales o autonómicos: un Gabinete integrado por mujeres y hombres para gobernar durante toda una legislatura.
Sin embargo, resulta difícil pensar que el Gobierno pueda llevar a cabo el ambicioso proyecto esbozado brevemente por su presidente en su discurso con motivo de la moción de censura y al presentar a sus ministros. Por una parte, resulta que nos encontramos cercanos a la mitad de la legislatura. Por otra parte, están vigentes los presupuestos prorrogados de 2017, elaborados por el Partido Popular y negociados con la Unión Europea que, de haber sido diligentes los anteriores responsables, deben estar muy avanzados en su ejecución, lo que no deja mucha capacidad de maniobra al Gobierno. Y los presupuestos de 2018, elaborados también por el Partido Popular y negociados con la Unión Europea, todavía se tramitan en el Senado. Y en tercer lugar, el PSOE, que respalda al Gobierno Sánchez, solo cuenta con 84 diputados, menos de la cuarta parte del Congreso, y el Senado es dominado con mayoría absoluta por el PP.
La debilidad parlamentaria del Gobierno monocolor socialista, que no ha suscrito pacto alguno de legislatura con los que le han apoyado en la moción de censura, no parece improbable que sea determinante de la brevedad del mismo. La tramitación de leyes será muy complicada. Lo ha sido para el Partido Popular con 137 diputados, que solo ha logrado aprobar 2 leyes y 3 decretos-ley en lo que va de año, una sequía legislativa que no tiene precedente en nuestra democracia. Y no debe olvidarse que el PP suscribió un acuerdo de investidura con Ciudadanos que se ha prolongado, aunque no siempre, durante la legislatura.
La tramitación de decretos-ley es para algunos la solución en estas circunstancias, pues mediante los mismos se hurta el control del Senado. Pero deben ser convalidados por el Congreso de los Diputados, de manera que será necesario para sacarlos adelante que Podemos los respalde, y aun así sería necesaria la concurrencia de más de los 169 diputados, es decir una cifra superior a la suma de diputados del Partido Popular y de Ciudadanos, que votaron en contra de la moción de censura y que, probablemente, estarán en contra de cualquier iniciativa del PSOE; pues ni al PP ni a Ciudadanos, aunque por razones diferentes, les interesa que el PSOE consiga un prestigio que le haga remontar los apoyos que indican las últimas encuestas. Además, gobernar mediante decreto proporciona un margen muy estrecho en el marco de las leyes en vigor. En nuestro sistema parlamentario no es posible coincidir con un sobresaliente político de la Restauración monárquica que con socarronería, y en relación con su debilidad en las Cortes monárquicas, decía algo así como: «Hagan ustedes las las leyes que yo dictaré los reglamentos».
Si el Gobierno no está en disposición de llevar a cabo una obra legislativa potente le queda llevar a cabo una política de gestos que ya ha iniciado. El primero de ellos ha sido que 11 de los 17 ministros sean mujeres. Un gesto debido, sin duda, a la cercanía de las manifestaciones feministas del pasado mes de mayo. Otro gesto ha sido nombrar a un ministro de Exteriores catalán que ha sido martillo de independentistas. Los nombramientos de las ministras y ministros está llenos de gestos para todos los gustos.
Lo que vayan a hacer los partidos políticos que apoyaron a Sánchez para ganar la moción de censura es una incógnita. Lo único que les unía, aunque por razones bien diferentes, era expulsar al PP del Gobierno. Los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes porque pensaban que con Sánchez les podía ir mejor y Podemos por creer que era una nueva oportunidad para entrar en el Gobierno. Pero el caso es que no parece que Sánchez vaya a acceder a las pretensiones de los nacionalistas e independentistas ni que Podemos vaya a tocar poder. Y si los indicios se confirman en ambas direcciones, la noticia será excelente para España en su conjunto, pero probablemente la posición del Gobierno Sánchez se debilitaría hasta límites que pueden ser insoportables. ¿Puede resistir un Gobierno sin política legislativa y sin apoyo parlamentario? Hasta ahora no ha sido posible ni en España ni en Europa, pero no debe descartarse que la realidad supere la ficción.
En todo caso, puede decirse que el Gobierno ha sido bien recibido por los operadores económicos nacionales e internacionales y por las instituciones europeas e internacionales. Nadie duda de la vocación europeísta del Gobierno, que ha anunciado continuidad en lo que a la economía se refiere. Y esto porque nuestra pertenencia a la Unión Europea deja poco margen a veleidades, según vimos con lo sucedido en la Grecia de Tsipras. No obstante, con inteligencia se puede hacer política económica socialdemócrata en el marco europeo. El tiempo dirá si las ministras y ministros son capaces de liderar políticas serias más allá de cualquier demagogia y extravagancia.
Las circunstancias que rodean al Gobierno Sánchez no son las mejores. El Gobierno es legal y es legítimo, sin que sean de recibo las afirmaciones de algunos conservadores que han pretendido cuestionar la legitimidad democrática del Gobierno. Pero si se pudieran graduar las legitimidades democráticas amparadas por la Constitución para formar Gobierno, en primer lugar hay que situar a la legitimidad que tiene su origen directamente en las urnas y no el resultado de mociones que, más allá de la letra del texto constitucional que exige su carácter constructivo, son de carácter destructivo, porque como hemos visto la moción de censura presentada por el PSOE no ha forjado, por fortuna para los españoles, ni un Gobierno de coalición que sume una mayoría parlamentaria, ni acuerdos programáticos de legislatura. La paradoja consiste en que lo que es más positivo para los españoles en general puede ser la mayor debilidad del Gobierno.
Pese a todo, esperamos que, como suele suceder con algunas de nuestras leyes que nacieron como provisionales y que han sido las más longevas, este Gobierno provisional sea longevo y capaz de abordar algunos de los muchos problemas que tenemos los españoles.
