La característica principal de una sanidad pública y universal debe ser no dejar a nadie desamparado, como repite una y otra vez la ministra socialista Carmen Montón, tanto ahora como cuando era consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana y ponía en marcha planes y herramientas para garantizar ese principio. «Poner a las personas en el centro de las políticas» es también el objetivo priorotario de la consellera Ana Barceló, la sustituta de Montón en el gobierno valenciano. Sin embargo, y pese a las buenas intenciones, el departamento de Sanidad hace aguas por todas partes con el joven de Turís Teófilo Rodríguez, aquejado de una grave dolencia que se ha convertido en un espectáculo público de inoperancia y falta de respuesta extensible a los Servicios Sociales.

Con independencia de la excepcionalidad del caso de la obesidad mórbida que padece, las imágenes del paciente recluido en una cama hospitalaria dentro de un camión de mudanzas, rodeado de bomberos, agentes de la guardia civil y policía local, resulta inconcebible. Si además se añade que en el improvisado vehículo, que carecía de cualquier pauta para realizar un transporte sanitario, sin ventilación ni médico, el enfermo estuvo casi cinco horas a 30 grados, es evidente que los responsables del Hospital de Manises que autorizaron el traslado tras firmar el alta, con el consentimiento o no de Sanidad, estuvieron desacertados. La situación dio paso a un espectáculo posterior nada dignificante, con la imposibilidad de introducir la cama hospitalaria en la vivienda particular del enfermo; la posterior utilización del área de pediatría del centro de salud de Turís como medida de urgencia y el obligado reingreso ante el empeoramiento del paciente. Un cúmulo de calamidades que ha llevado al propio damnificado a declarar que se sintió como un «animal» en el camión de carga.

El desgraciado proceso vivido por el paciente Rodríguez ha evidenciado la falta de un protocolo para una patología grave en un hombre de más de 350 kilos en la sanidad valenciana, pero además ha dejado a la vista una flagrante falta de respuesta pública y hasta de humanidad, como ha denunciado la Defensora del Paciente, Carmen Flores. Alguien debió frenar la bochornosa exhibición de un enfermo en plena calle con el que no se sabía qué hacer. Además, se ha destapado la falta de instrumentos adecuados básicos como ambulancias bariátricas, cuando la ausencia de movilidad es uno de los primeros síntomas que afecta a estos enfermos. Una carencia que habrá que resolver con celeridad, porque la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición calcula que hay 200.000 pacientes pendientes de entrar en el quirófano, dado al elevado número de casos con sobrepeso en la Comunitat Valenciana, y cuando la lista de espera para operarse de obesidad mórbida llega a los tres años.

Antes, y en primer lugar, hay que prestar toda la atención médica a la enfermedad de Rodríguez y ayuda social a la situación que viven tanto él como su familia. Buscar a los especialistas adecuados para que decidan si el centro sanitario donde está ingresado reune las condiciones para un caso extremo de obesidad mórbida. Luego habrá que aplicar todas las medidas del tratamiento, tanto desde el punto de vista médico como asistencial, como corresponde a una administración que tiene en la salud uno de los pilares de la sociedad de bienestar. Salvaguardado ese principio, corresponde a la Conselleria de Sanidad abrir una investigación interna para identificar a los responsables de una decisión que a todas luces parece negligente, tanto que un grave problema de salud ha desembocado en un lamentable espectáculo.

La conselleria debe ser la primera interesada en esclarecer todo lo ocurrido, actuar en consecuencia con los encargados de la autorización del improcedente traslado y ofrecer todas las explicaciones públicas. Una responsabilidad que deben asumir todas las instancias implicadas, empezando por el propio Hospital de Manises, de titularidad pública y gestión privada, y con final en la consellera Ana Barceló, garante última de una asistencia adecuada a la que todos los ciudadanos tienen derecho.