El presidente Sánchez ha elevado a un lugar inaudito al doctor Sánchez, sometido al escrutinio de un tribunal calificador con dimensiones de país. Las irregularidades del máster de la exministra Montón sirvieron al oportunista Rivera para poner en el foco la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo y desde entonces las sospechas crecen en círculos concéntricos y por razones cambiantes, aunque con el único objetivo de dar con el plagio. El fraude intelectual pasa así por ser una preocupación política de primera línea pese a que el saber nunca tuvo prioridad en las inquietudes nacionales.
En tiempos de la supuesta accesibilidad total, el primer indicio de que el doctor Sánchez es un culpable en potencia llegó al constatar que su tesis sólo estaba en papel, razón para excomulgar a cualquiera en los tiempos digitales, y un obstáculo para detectar en un rastreo rápido los posibles "corta y pega". Tras el examen visual, por el viejo procedimiento de ir página a página hasta más de cuatrocientas -y rápido, que hay gente esperando-, un primer acercamiento al contenido apunta a que la tesis de Sánchez no aporta nada. Es equiparable, pues, al 90 por ciento de las que se leen en las universidades españolas -que no descuellan por su capacidad de ampliación del conocimiento- y que, pese a ello, cimentan notables trayectorias académicas.
Salpicado por la piedra que lanzó al charco, Rivera perdió un doctorado, el que aparecía en su curriculum en 2015 y que ya no figura en su ficha del Congreso en 2016. Menguan también otros méritos curriculares, como ocurriera ya con el posgrado de Casado en Harvard, que, visto más de cerca, se redujo a un curso de cuatro días en Aravaca. Si ninguno de los líderes de los principales partidos resiste la prueba del algodón académico ¿por qué se empeñan en competir en esa liga? Por la inercia del viejo papanatismo español ante los títulos, propio de un tiempo en que los universitarios eran algo excepcional, incomprensible desde que hay un acceso sin dificultad a la enseñanza superior y tenemos generaciones descolocadas pese a su sobrecualificación.
La política del momento se mueve a impulso de una antigualla social y del pragmatismo sanchopancesco de reducir el conocimiento a algo puramente instrumental. En esto último coincide todo el especto ideológico cuando defiende que lo primordial es formar para el mercado y reduce todo saber a una titulación. Lo que nos llevaría a indagar sobre qué cualificación necesita alguien que se dedique a los asuntos públicos. Como ocurre con otras actividades, toda la posible y ninguna específica pudiera ser la respuesta.
Aceptado que, pese a la insistencia en adornarse con las plumas del conocimiento, ninguno está en política por sus méritos académicos hay que descubrirse ante el desapego curricular del senador asturiano Fernando Goñi. La trayectoria que describe su entrada en la Wikipedia, obra quizá de algún antiguo compañero enardecido por el hecho de que habiendo sido tan poco haya llegado a tanto, deja constancia de que repitió octavo de EGB, entró en la universidad al segundo intento y no completó la carrera de Derecho. A ver cuántos políticos en activo están dispuestos a someterse a tan rudo ejercicio de transparencia.
