Intentar abrir un debate respetuoso sobre la continuidad del Reino de España con las actuales competencias de las actuales Comunidades Autónomas (CCAA) incluidas Cataluña y Euskadi, supone recibir la descalificación sistemática de todo aquel que se autodenomine progresista, un colectivo que incluye a la totalidad de quienes legítimamente gobiernan la Generalitat Valenciana (GV). Sin embargo la soledad del discurso no puede impedir describir las equivocaciones que en esta tierra se pueden estar produciendo.
Han sido demasiadas las veces en las que decisiones de antiguos equipos del Consell del PP han avergonzado a los valencianos, siendo el paradigma de ello los millones de deuda ocultados en miles de facturas guardadas en los cajones de la Conselleria de Sanitat, y que al aflorar pusieron a la GV a la cabeza de la deuda per cápita de las CCAA, equivalente a 151 días de trabajo de cada valencianos.
Desafortunadamente el equipo de Ximo Puig, desde el principio, decidió elaborar los sucesivos presupuestos de la GV, sobre la base de una partida de ingresos ficticios, en el entorno de los 1.300 millones de euros, a cuenta de un nuevo sistema de financiación que nunca llegó. La defensa de esta medida, contablemente infumable, ha sido proclamar que era una partida reivindicativa frente al gobierno central y al resto de CCAA. Las comparaciones son siempre capciosas y no hay que abusar de ellas, pero al calificar este ingreso virtual como imprescindible, tiene un alarmante parecido con el argumento utilizado por el actual gobierno italiano frente a Bruselas y que por ahora es un gran mazazo antieuropeista.
Aunque el Consell se haya empeñado en utilizar los ingresos virtuales como reivindicación progresista, siempre con la mirada de conmiseración del pecato gobierno de Mariano Rajoy, lo cierto es que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez, no menos progresista que el alumbrado en el Botànic, quien la semana pasada puso con toda educación, negro sobre blanco, las decisiones que el Consell ha ido tomando en materia presupuestaria. La sinceridad de la ministra Nadia Calviño, en su información a Bruselas, la permitirá defender con la mayor solvencia posible las aspiraciones de los presupuestos del Estado para 2019.
El viernes supimos que con el borrador presupuestario enviado por el Gobierno, la Comisión no consigue tener una imagen completa de las medidas planeadas ya que con la limitada información disponible, no puede excluir el riesgo de desviaciones importantes e insta a tener más documentación a lo largo de hoy lunes.
La liturgia que acompaña a los contactos europeos, a veces no es banal. La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora, en nuestro caso la GV, formulará un plan económico-financiero (PEF) que permita en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en dicha ley. El seguimiento de la aplicación de las medidas prometidas en el PEF por las CCAA debe ser publicado en la web del Ministerio. En este portal, desde el miércoles pasado, puede leerse el informe del segundo trimestre del 2018: «Considerando los riesgos anteriormente comentados en el escenario de ingresos, así como las posibles dificultades en el cumplimiento de las previsiones remitidas en determinados capítulos de gasto, a lo que se suma que el presupuesto del ejercicio 2018 habilita dotaciones presupuestarias de gastos por encima del escenario previsto, al incluir previsiones de ingresos relativas a los recursos del sistema por importe superior en 1.325 millones de euros a las cifras comunicadas en el mes de julio de 2017, se aprecian circunstancias que determinan la existencia de riesgos de incumplimiento del objetivo de estabilidad del ejercicio 2018». Una manera muy elegante de hablar de «falta de verdad» en el PEF valenciano.
La ministra Calviño además de socialista, o precisamente por ello, más allá de su legítimo optimismo, ha intentado ser rigurosa a la hora de presentar el plan presupuestario que el Gobierno ha pactado con Podemos y por ello ha citado (avisado, denunciado; ignoro el verbo adecuado) expresamente los ingresos virtuales de la GV. Cristóbal Montoro siempre dijo que esta cuestión era un tema doméstico, ajeno a Europa, que él solucionaba con el FLA. Afortunadamente Calviño es mucho más seria.
Desgraciadamente el escapismo continúa y el conseller Vicent Soler acaba de declarar que por cuarto año consecutivo aparecerán en los presupuestos de la GV 1.325 millones que nadie sabe de dónde saldrán pues todo son especulaciones: Fondo Extraordinario, Medidas Transitorias, etc. «Es cuestión de obtener más fondos para que los servicios públicos de los valencianos estén al nivel que se merecen». Una frase tan brillante como vacía, que en su metabolización por el Consell se ha convertido en un problema más en la actual crisis europea Ahora la Comisión pide información. ¿Qué dirá sobre la GV la respuesta de hoy a Bruselas?
La historia de los 1.300 millones defendida por el President Puig ha hecho crisis y puede deteriorar la convivencia entre nosotros. Ximo Puig cuenta con todo el mérito de haber ayudado a limpiar el reguero de vergüenzas de la época ZOC, una operación que se adelantó en tres años a lo conseguido por Sánchez en todo el Estado con la corrupción del PP de Rajoy como un muy razonable argumento.
En el marco de la actual España de las CCAA, con las decisiones tomadas por el Consell, uno tenía que definirse como progresista nacionalista valenciano o como salvaje recentralizador, a partir de hoy habrá que añadir el grado de europeísmo que cada uno está dispuesto a defender.
La pregunta después de que llegue toda la información a Bruselas, será que le responderá Puig a la Comisión, cuando le reproche, vía Ministerio de Hacienda, querer elaborar el Presupuesto de 2019 con partidas virtuales.
