Las asociaciones judiciales se lanzaron a elogiar la dignidad devuelta al colectivo por el juez del Supremo Manuel Marchena por renunciar a presidir el CGPJ y el alto tribunal como habían pactado el PP y el Gobierno. Una decisión adoptada tras conocerse un sonrojante wasap del portavoz popular en el Senado en el que tranquilizaba a sus huestes porque el mencionado juez es, al fin y al cabo, «uno de los nuestros».
Esa dignidad habría sido mucho más creíble si el togado no hubiese dado, como mínimo, su consentimiento en el pasteleo para designarle presidente 'in pectore'. Las asociaciones judiciales tienen demasiados pecados a cuestas en el reparto de cargos, ascensos y demás como para presentarse como espíritus limpios en defensa de una justicia impoluta. La justicia, en este país, emana de la soberanía popular, con lo que eso implica por ley a la hora de organizarla. Que de sentencias incompresibles y sesgadas ya se encargan los propios jueces y juezas de suministrarnos abundantemente.
