Pablo Casado, ha interpretado con criterio y visión la coyuntura en la que se encuentra el centro derecha español. Tras las elecciones de mayo, en el nuevo mapa autonómico se van a ensayar gobiernos de coalición encabezados por el Partido Popular que representan en términos numéricos cerca de veintiún millones de personas. El bloque del centro derecha sumó más votos que la izquierda en las elecciones de abril y sin embargo la traducción en escaños acabó por acreditar que con el sistema electoral que tenemos no cabe el fraccionamiento del voto si se aspira a gobernar. La construcción del polo de la libertad como fórmula electoral se atisba como un camino a transitar si se aspira a convertir esa mayoría de votos en una mayoría de escaños.

No son pocos los comentaristas que se han afanado en catalogar la propuesta de la marca España Suma, como una reedición de la coalición popular de los años ochenta. Nada más alejado de la realidad. En aquella coalición si exceptuamos a los regionalistas que si disponían de cierta implantación territorial y representación institucional, ni el partido demócrata popular ni los grupos liberales tenían por si solos la posibilidad si quiera de obtener representación parlamentaria. El centro democrático y social junto con la bolsa de votos que logro arrastrar de la extinta unión de centro democrático se mantuvo siempre alejado de la órbita de la coalición impulsada por Fraga. Existen además más diferencias remarcables fundadas en el contexto histórico en el que nos encontramos. La marca España Suma, no sólo aspira la reunificación del centro derecha, si no a representar un espacio político constitucionalista de moderación en el que una inmensa mayoría de españoles tiende a situarse. Un espacio en el que primen los valores de libertad, estabilidad que favorezca el desarrollo económico, defensa del estado de derecho, democrático, social y también de la configuración del estado autonómico como una solución a la cuestión territorial y no como un problema. Como suma de la diversidad al proyecto común.

En la Comunitat Valenciana ese espacio de defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, responde a un consenso mayor al que numéricamente puedan aportar los partidos en número de votos obtenidos. La Comunitat Valenciana también puede sumar al proyecto común que supone la marca España Suma. Y la mejor forma de hacerlo debe ser aglutinando una plataforma que recoja las principales demandas de la sociedad civil valenciana, incardinando esa agenda propia como aportación a un programa general, cuestiones tales como La solidaridad hídrica, la reforma del sistema de financiación, la reintegración de la competencia en derecho civil foral o la finalización del corredor mediterráneo. Si el final del verano termina por depararnos elecciones generales en noviembre conviene acumular esfuerzos de todos aquellos que creemos en la vigencia del pacto constitucional y estatutario para que la Comunitat Valenciana también sume en el tablero político nacional.