La irrupción del verano le dio un respiro a la Conselleria Inclusiva de Mónica Oltra a cuenta del cierre del centro de menores de Segorbe de hace dos años, ya que la sentencia hecha pública a finales de junio debía haber reavivado el debate.

La resolución judicial indica que el cierre del centro, con el consecuente traslado de niños, fue contraria a derecho. Pese a ello no se han oído grandes manifestaciones de las plataformas ni del tejido asociativo involucrados en temas sociales y de menores, tan activos en redes sociales. Lo cierto es que tampoco las hubo cuando se decidió el cierre fulminante del centro a raíz de las supuestas gravísimas irregularidades detectadas.

Parece haberse olvidado que hasta los medios de comunicación nacionales se hicieron eco del escándalo, en el que se presentaba a las Capuchinas Terciarias como a desalmadas: duchas frías, escasez de alimentos que obligaba a los menores a la búsqueda de comida en las basuras cuando no a la mendicidad, y prácticas poco éticas. Todo ello cayó como una losa sobre el centro y sus responsables. La propia Mónica Oltra justificó en las Cortes Valencianas el rescate de los internos con un discurso más propio de un exorcismo que de una comparecencia parlamentaria.

Pues bien, tras la sentencia, quizás cabría esperar unas disculpas tanto por parte de Oltra como de quienes se sumaron alegremente al linchamiento. Conviene recordar que muchas de las plazas públicas de acogida para menores están vinculadas a instituciones cuyo compromiso con la justicia social, la solidaridad, la lucha por modelos sociales y económicos que protejan a los más vulnerables y la defensa de los débiles está sobradamente acreditada.

Por ello sorprendió el chaparrón de brutales acusaciones contra las Terciarias, cuyo pecado podría haber sido el servir de cabeza de turco a una líder política que buscaba humillar a una entidad vinculada a la iglesia con la intención de demostrar que la gestión en materia de menores iba a dar un giro radical.

Pero la realidad es que el misterioso silencio tras la sentencia continúa, y algo en el ambiente lleva a sospechar que, tras el inicio del nuevo curso político, ni tan siquiera los afectados van a exigir justa reparación por haber tenido que soportar tan degradante trato. A nadie le interesa remover el pasado. Oltra se apresta hoy, sin hacer ruido, a pagar los millones de euros de atrasos a las entidades que siguen sacándole las castañas del fuego a la Generalitat en materia de menores. Igualito que en la etapa del PP.