De cada crisis se saca una lección, se aprende cómo evitar las consecuencias de una situación excepcional más. El «riesgo cero» no existe pero esa utopía debe seguir siendo nuestra meta. Sería irresponsable no sacar conclusiones de una alerta como la ahora vivida con este episodio de listeria, que ya ha provocado más de 200 afectados, seis abortos y tres muertos. Números más que llamativos sabiendo que los casos notificados en España, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, fueron de 285 en 2017 y 353 en 2016. Conviene aprender sin caer en el derrotismo. España y Europa siguen siendo referentes, con un nivel de exigencia máximo. Ciertamente, un mes después de declararse, la crisis ya está en remisión y no ha salpicado a la Comunitat pero podría haberlo hecho. Hay aspectos en los que mejorar. Como en el caso andaluz, nuestra región se juega demasiado como para no hacerlo: el sector agroalimentario es clave para la balanza comercial y el hostelero es otro pilar de nuestra economía. El veterinario desempeña un papel protagonista en salud pública, pero para que tenga éxito en su misión antes debe ser tratado como tal y disponer de los medios.
En términos políticos, lo acontecido parece haber removido conciencias. Ya veremos si los hechos confirman tanto anuncio de cambio. El propio presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió al poco de declararse la crisis con profesionales sanitarios para debatir el asunto. Días después, en el documento de 370 medidas propuesto para alcanzar un pacto de investidura, se incluía un compromiso para impulsar el enfoque One Health, ya más que consolidado a nivel internacional y promovido por la OIE, la FAO y la OMS. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, reconoció que el intercambio de información es «un área de mejora clara» y, avanzó que ya se trabaja en una revisión de los protocolos de listeria y en un nuevo decreto de vigilancia en Salud Pública.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara -sin menoscabar la labor asistencial- dejó claro que «los profesionales que más saben de Salud Pública son los veterinarios» y reclamó por ello mayor atención para este colectivo.
Comunicación y coordinación
La comunicación y coordinación -vitales en situaciones de crisis para así clarificar, ser transparente y reducir la incertidumbre- se ha constatado que son mejorables. Los repartos competenciales han de ser revisados: en nada ha contribuido a men-guar esta crisis el particular reparto competencial de la inspección oficial entre la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, Los agravios comparativos en cuanto a la diferente dotación de personal tampoco han ayudado. Se ha puesto en tela de juicio la suficiencia de la vigilancia -del autocontrol, a cargo de las empresas y de la inspección oficial, de los veterinarios de Salud Pública y se ha puesto el acento en la saturación de trabajo en este último colectivo. La irresponsable actuación de la empresa Magrudis ha facilitado que aflore todo ello. Conviene pues reflexionar, poner las cartas sobre la mesa y estar prevenidos.
Pero la prevención -en la que los veterinarios somos protagonistas en salud pública- no vende bien. La labor asistencial es más visible, más llamativa. Prevenir, sin embargo, es curar y actuar en este plano evita problemas y ahorra recursos al erario. Es una labor callada, silenciosa pero necesaria y llega a toda la población.
Decreto de alertas
Desde hace años que venimos proclamando que los veterinarios queremos trabajar de la mano de los médicos y del resto de profesionales sanitarios. Porque entre medicina humana y animal no hay líneas divisorias: Dos de cada tres enfermedades son compartidas, de hecho. Ésa es la base del principio One Health, que promueve una visión global de la salud para aunar esfuerzos para mejorar resultados.
La seguridad alimentaria arranca en la explotación y debe mantenerse en el matadero, en la industria transformadora y llegar hasta el punto de venta: ‘de la granja a la mesa’, reza el eslogan. No tiene sentido pues fraccionar la acción supervisora del veterinario en dos ámbitos -el ganadero, adscrito a la Conselleria de Agricultura, y el de Salud Pública, a la de Sanitat-. De ahí que vengamos reivindicando un cuerpo único de veterinarios oficiales y la creación de una Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, una mesa donde estén representados todos los agentes implicados para mejorar la coordinación y poder distribuir los efectivos personales en las áreas donde sea necesario.
El sistema de alertas -como ha quedado claro- puede perfeccionarse. Y con ese fin se puso a trabajar, antes de acabar la legislatura, la Conselleria de Sanitat, que pretendía protocolizar el cómo y el quién debería atender las guardias en materia o crisis alimentarias. La remuneración ofrecida a los veterinarios y otros profesionales afectados resultó, sin embargo, tan indigna que provocó el rechazo de todas las instituciones y del resto de asociaciones representativas. Por eso, finalmente, no vio la luz. Así no se contribuye a poner en valor la prevención ni a que el veterinario se sienta el protagonista que es en seguridad alimentaria. Tampoco ayuda que, tras dieciocho años sin convocar oposiciones a veterinario de Salud Pública, se arbitre un proceso que, lejos de ampliar la plantilla, ni siquiera llegase a consolidar las plazas preexistentes. Sí, nuestros veterinarios son clave pero lo han de ser en número suficiente para poder soportar la carga de trabajo y poder aportar a la ciudadanía las mejores garantías posibles.
A nivel nacional tampoco se entiende que nuestro colectivo sea considerado como profesional sanitario pero no forme parte del Sistema Nacional de Salud, ni tenga la posibilidad de cursar una especialidad sanitaria, de poder hacer un ‘VIR’, para la formación de los veterinarios de salud pública. Las crisis brindan oportunidades. Aprovechémosla.
