Acaba de publicarse el pliego de condiciones de las contratas de mantenimiento de seis hospitales públicos y su área sanitaria en la Comunitat sin que entre sus condiciones se garantice el derecho a la subrogación de 175 trabajadores que durante los momentos más duros de la pandemia han venido ejerciendo, ellos sí con responsabilidad, sus funciones en la sanidad valenciana, garantizando su funcionamiento y asumiendo los riesgos para su propia salud que todos podemos entender y que aplaudíamos a las 8 de la tarde. No son héroes, como ellos mismos no se cansan de repetir, son trabajadores que cumplen con su función de manera responsable.

Se trata de la reparación y el mantenimiento de edificios, de equipos médicos de precisión y de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y maquinaria. Se trata de gente experimentada que conoce los hospitales y sus equipos, que han estado a las duras y que ahora son triturados por la burocracia administrativa y la desidia política que no sólo desatiende su esfuerzo, sino que introduce la incertidumbre en el sistema que todo cambio o relevo genera en un momento en el que el virus sigue ahí.

Hace dos años ya que la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social introducía, por la insistencia de UGT-PV y CC OO-PV, la exigencia de incorporar como obligatoria en las licitaciones la subrogación de los trabajadores de las subcontratas de las administraciones valencianas. Pero la ausencia de un reglamento de desarrollo ha venido siendo la excusa para que tal exigencia se haya venido incumpliendo sistemáticamente.

Ya sé que es la propia Ley de Fomento de la Responsabilidad Social la que en su disposición transitoria alude al reglamento de desarrollo para su efectiva aplicación, pero también sé que han pasado dos años y seguimos sin reglamento. También sé que el 28 de febrero de 2020 se publicó el decreto que regula la composición del Consejo Valenciano de Responsabilidad y que no fue hasta el jueves que se produjo su reunión constitutiva; es verdad que entre ese 28 de febrero y ayer hemos padecido un estado de alarma, pero durante ese mismo estado de alarma no dejaron de cumplir sus funciones ni un solo día los 175 trabajadores que hoy ven su empleo amenazado. Por si todo esto fuera poco, el citado Consejo no ha quedado a nuestro entender válidamente constituido, porque desde la consellería correspondiente se empeñan en incumplir el propio decreto que lo regula. Va y resulta que discuten la representatividad de la CEV y en vez de asignarles los 6 vocales que el decreto otorga a las organizaciones empresariales más representativas les dan 4, reservando los otros dos para organizaciones de trabajadores autónomos de cuya representatividad nada se conoce ni razona. Sé que parece increíble, que quienes han estado negociando el pacto para la recuperación de la Comunitat Valenciana con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas ahora se la nieguen a uno de sus interlocutores, pero ya pontificaba Einstein (o se le atribuye) sobre lo que sin duda es infinito.

Vaya por delante que será la CEV la que defenderá sus intereses y su representatividad como mejor entienda y proceda. A nosotros lo que nos preocupa es que todo esto tendrá consecuencias en nuevos retrasos y excusas para lo que más nos importa: que ese reglamento de desarrollo de la LFRS, que lleva esperando dos años, vea la luz y que su contenido se corresponda con lo que hemos pactado UGT-PV, CC OO-PV, CEV y esa misma consellería en el pacto por la recuperación.

Ahora son 175, pero son miles los trabajadores y trabajadoras que esperan responsablemente ante tanta, suavicémoslo con una pregunta, ¿irresponsabilidad? Otro sí digo: sería todo un detalle que la Consellería de Sanidad intentara prorrogar las contratas de esos seis hospitales hasta que de una vez por todas aparezca el exasperante reglamento y se incluyan en los pliegos la pactada y obligatoria subrogación. En serio.