Los actos debidos del rey

‘En los últimos cuarenta años, los dos jefes del Estado español que hemos tenido han firmado miles de indultos acordados por el Gobierno en épocas de la Unión de Centro Democrático, del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Nadie con juicio y solvencia ha cuestionado el procedimiento de concesión previsto en la ley de indulto particular de 1870 junto con lo dispuesto en la Constitución. Nadie ha cuestionado que el jefe del Estado haya sancionado miles de leyes aprobadas por las Cortes Generales con mayorías parlamentarias diferentes. Nadie ha cuestionado que la justicia se administre en nombre del rey. Nadie hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid había considerado que el rey fuera «cómplice» de los contenidos de los indultos acordados por el Gobierno, o que por firmarlos sufriera humillación.

El jefe del Estado en nuestra democracia parlamentaria reina pero no gobierna. Todos sus actos, a excepción de lo que diremos más adelante, son actos debidos. Se trata de actos que son firmados formalmente por el rey, actos en cuya elaboración no participa y de los que no es responsable. Los autores y responsables de los actos debidos del rey son los ministros, el presidente del Gobierno y, excepcionalmente, el presidente del Congreso de los Diputados. El papel del rey al adoptar actos debidos es meramente formal sin que pueda ni intervenir ni objetar su contenido. El rey en el ámbito de sus funciones públicas no puede dictar actos válidos por si mismo; su validez depende de que sean refrendados por ministros, presidente del Gobierno o presidente del Congreso de los Diputados. Los únicos ámbitos en que los actos del rey no son refrendados son los relativos a los negocios o actividades particulares en los que pueda participar o de los que pueda ser titular, y los de administración del presupuesto de su Casa conforme a lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado y la legislación general y especial aplicable.

Nuestro Estado es, de hecho, una república coronada, lo hemos escrito en varias ocasiones en este diario. Y se caracteriza, además, porque el rey, el jefe del Estado, tiene muchas menos competencias que cualquier presidente de cualquier república europea, e incluso menos competencias que algunos de los reyes de las monarquías europeas. El jefe del Estado es, sobre todo, el símbolo de la unidad del Estado.

Los partidos de la oposición, en su afán por desacreditar al Gobierno por cualquier medio, están traspasando irresponsablemente líneas rojas que ningún constitucionalista debiera permitirse. Una cosa es estar en contra de los indultos que el Gobierno ha concedido y bien distinto es poner en cuestión que el Gobierno pueda considerar que sea de utilidad pública indultar a los políticos presos. Decir que conceder los indultos sería ilegal porque el Tribunal Supremo es contrario a los indultos no merece otro calificativo que el de la ignorancia. Se cuentan por cientos, por miles, los indultos concedidos por el Gobierno en los últimos cuarenta y dos años pese al criterio contrario del Supremo, que solo puede tener como efecto que el indulto que se conceda no pueda ser total, teniendo necesariamente que ser parcial de la pena o penas impuestas. Por lo demás, el Tribunal Supremo no es competente para apreciar si un indulto es o no de utilidad pública, pues dicha determinación remite a una valoración política no jurídica. Es más, el Tribunal Supremo en el caso de que se pronunciara sobre la utilidad pública de un indulto estaría invadiendo un ámbito de apreciación que solo corresponde al Gobierno. Los jueces deben juzgar o informar dentro del margen establecido por las leyes sin permitirse sustituir al Gobierno o al Parlamento. El gobierno de los jueces, la sustitución del poder ejecutivo por el poder judicial es contrario al Estado de Derecho, es inconstitucional, tan inconstitucional como sería la intromisión del Gobierno en la función judicial.

Los ciudadanos podemos opinar lo que nos venga en gana, podemos discrepar del Gobierno, podemos manifestarnos contra sus actos, en algunos casos los podemos recurrir ante los jueces y podemos finalmente, con nuestro voto, validar sus actos o retirarles nuestro apoyo. Pero ni ciudadanos ni partidos políticos debiéramos poner en cuestión las reglas de juego democrático. Que personajes atrabiliarios desconozcan nuestra Constitución y construyan tesis que pretenden revivir el régimen franquista, que negaba el Estado de Derecho, otorgando al monarca constitucional privilegios de los que disfrutaba Franco, debería ser anecdótico incluso cómico. Pero que estas tesis sean compradas por partidos parlamentarios es de una gravedad considerable.

El jefe del Estado español ha firmado los indultos porque a ello le obliga nuestra Constitución. En caso contrario, en nuestro régimen constitucional no tendría otra salida que la abdicación. Felipe VI ha dado muestras más que suficientes de que asume por entero las funciones que le otorga nuestra Constitución. Está soportando estoicamente los ataques constantes de los independentistas catalanes y ejerce sin titubeos en todas sus manifestaciones públicas las responsabilidades que le competen. En algún caso, como el 3 de octubre de 2017, recordando la vigencia de la Constitución y la obligación de que los poderes públicos sean sus primeros servidores, y en la mayoría de los casos lanzando mensajes de concordia y moderación a ciudadanos e instituciones.

Estamos en desacuerdo con la concesión de los indultos a los políticos del ‘procés’. Pero no podemos estar de acuerdo ni con las formas ni con el contenido de los reproches, acusaciones y amenazas que están vertiendo los responsables de los partidos de la oposición al Gobierno que nos sitúan en una atmósfera apocalíptica que los ciudadanos no merecemos. Necesitamos que la moderación se convierta en norma y no en excepción.