Cada año, el 30 de agosto, desde 2011, hace pues diez años, se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante el año y compararlas con los datos de años anteriores, para saber si el problema se ha agravado, ha mejorado, o sigue igual. La intención de este organismo no es la de ser un observador neutral ante el problema, sino proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan. Esta es la verdadera intención de este día, servir de portavoz al mundo sobre las desapariciones forzadas y plantear estrategias para poder frenarlas.
¿Qué se entiende por desapariciones forzadas? Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocurre una desaparición forzada cuando «se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley».
Las desapariciones forzadas tienen como detonador algún interés de origen político y durante su actuación violentan la ley, sobre todo los derechos de la víctima. La importancia de conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos se centra en rendir homenaje a las personas desaparecidas en el mundo, bien sea por regímenes dictatoriales, grupos paramilitares u organizaciones terroristas.
Pero la desaparición forzada es mucho más que una violación de los derechos humanos. Se usa a menudo como estrategia para infundir el terror entre los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos al desaparecido, sino que afecta a la comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema que no afecta a un país concreto del mundo, sino que también alcanzó al nuestro. Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países. Es motivo de especial preocupación el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de las leyes, el acoso a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
Fundación por la Justicia entregó su Premio de los Derechos Humanos en 2005 a Jon Cortina, jesuita, fundador de la Asociación pro-búsqueda de niños y niñas desaparecidos de El Salvador, durante la guerra civil que asoló ese país, por la labor que durante años ha venido realizando para reparar, en lo posible, el dolor y la angustia de quienes fueron secuestrados de sus familias, por el régimen militar u organizaciones paramilitares, dándolos por desaparecidos.
Una realidad que no queremos ver, que se ignora. Una vergüenza de la que cada uno somos responsables y que tenemos obligación de denunciar. Es un imperativo de los derechos humanos tratar a los desaparecidos contra su voluntad con la dignidad que merecen. La responsabilidad de las Naciones Unidas no excusa la nuestra. Que el Día Internacional de los Desaparecidos no sea otra celebración, sino que nos comprometa a todos.
