Hoy se cumplen cinco años desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica con los Estados de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional-SADC (Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Mozambique) y no hay nada que celebrar, más bien todo lo contrario. Durante ese periodo Sudáfrica ha sido uno de los países con mayores rechazos de envíos de cítricos por plagas en la UE, por lo que la entrada de un organismo nocivo desconocido sería letal para la citricultura europea. Por tanto, no cumple, no ofrece garantías y la situación es todavía más preocupante de cara a la inminente revisión del acuerdo que corresponde realizar ya. Por ello abogamos por una revisión en profundidad «porque siendo comercial, tiene evidentes consecuencias fitosanitarias para la sanidad vegetal de la citricultura europea».
El Acuerdo contempla además en su Anexo I la reducción progresiva de los derechos de aduana para las naranjas dulces, algo que se inició precisamente con la entrada en vigor del Acuerdo y que se eliminan definitivamente en el año 2025, algo que parecía lejano pero que ya está ahí. La incidencia sobre el sector citrícola valenciano, español y europeo de la aplicación de este punto concreto del Acuerdo ha traído consecuencias muy negativas, tanto desde el punto de vista económico -objetivo del Acuerdo- como fitosanitario, tal y como ha sido expuesto ampliamente y de forma justificada en los siete rigurosos informes técnicos realizados por La Unió que fueron presentados en su día en Bruselas a las autoridades comunitarias. La Unió insiste en que la producción agrícola en la UE está sujeta a controles fitosanitarios estrictos y comparados con otros países existen niveles muy avanzados de control de residuos y medidas ambientales. Por ello, reclamamos que las importaciones de países terceros cumplan con los mismos estándares rigurosos, sostenibles y de garantía sanitaria que lo hacen los cítricos europeos. En el marco del Pacto Verde Europeo y de la estrategia De la granja a la mesa, que aboga por un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible, no tiene ningún sentido mantener en estos momentos las mismas condiciones en los acuerdos que cuando se firmaron.
