Los últimos datos sobre la evolución cuantitativa del empleo y el paro en nuestro país dan cuenta de una recuperación creciente, tras la crisis provocada por la COVID, al tiempo que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar cualitativamente la regulación del mercado de trabajo y de las relaciones laborales.

Durante la fase inicial de la pandemia (marzo/mayo de 2020) la caída del empleo afectó a más de 4 millones de personas entre despidos y ERTEs, lo que suponía un impacto muy superior al de la crisis iniciada en 2008 que destruyó 3 millones de puestos de trabajo en cinco años.

La recuperación ha sido también ahora muy diferente: en poco más de un año el volumen de personas trabajando supera ya al registrado antes de la pandemia.

Efectivamente, tras siete meses de crecimiento consecutivo el número actual de afiliados a la Seguridad Social es de 19.771.613, el más alto de la serie histórica y superior en 291.799 personas a la cifra de ocupados de febrero de 2020, lo que significa que en el último año y medio se han recuperado 1,2 millones de afiliados y reincorporado a sus puestos de trabajo el 96% de los 3,6 millones incluidos en ERTEs. Por su parte, la cifra de paro registrada a finales de noviembre era de 3.182.687, inferior en 63.360 a la de antes de la pandemia. Ambas tendencias desmienten en la práctica los pronósticos, más ideológicos que técnicos, de la CEOE y el Banco de España que auguraban una reducción de las contrataciones tras el último incremento del Salario Mínimo Interprofesional aprobado el setiembre.

Tan positiva evolución ni puede ignorarse (como hace la oposición) ni adjudicarse mecánicamente al «efecto rebote» posterior a una profunda crisis (que en la anterior tardó más de cinco años en iniciarse) sino que responde, fundamentalmente, a la combinación entre el «escudo social» (ERTEs, ayudas a empresas y autónomos) desplegado por el gobierno en colaboración con sindicatos y patronal, la elevada tasa de vacunación y la perspectiva de una política económica expansiva (Presupuestos Generales del Estado, Plan de Transformación, Fondos Europeos, cuyo primer tramo de 10.000 millones de euros ha sido ya aprobado por Bruselas).

Con todo, si atendemos a la dimensión cualitativa de la contratación comprobamos que se mantienen las características negativas derivadas de un modelo basado en trasladar el riesgo de la creación de empleo a los trabajadores (precariedad), lo que la reforma laboral de 2012 no ha hecho sino agravar mediante la liberalización del despido, el debilitamiento de la negociación colectiva y la devaluación salarial (en 2019, once años después del inicio de la anterior crisis, el salario real en España era un 6,2% inferior al de 2008, según el Índice de Precios del Trabajo del INE).

Con una tasa de temporalidad del 26,3% que prácticamente dobla la europea (15%), el mercado de trabajo de nuestro país constituye una anomalía en el marco comunitario derivada de una regulación laboral, injusta por asimétrica, que no sólo genera desprotección y pobreza para los trabajadores sino que lastra la renovación del sistema productivo y la propia competitividad de la economía.

Los 4,4 millones de asalariados temporales se reparten al año más de 20 millones de contratos, en una rotación continua de entradas y salidas (57 días de media) que devalúa sus condiciones de vida y trabajo (el 27,8% de los contratos suscritos el mes pasado tuvieron una duración inferior a la semana) y genera un colectivo creciente de «trabajadores pobres» que supera ya los 3 millones (el 16,9% del total de ocupados, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE).

En este punto, el anteproyecto de la nueva Ley de Empleo, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria, plantea como objetivo (art. 4.2) «…el impulso a la creación de empleos de calidad, estables y generadores de recursos económicos suficientes y justos, garantizando una transición generacional hacia un mercado de trabajo más eficiente», lo que pasa, asimismo, por la derogación de la reforma laboral, actualmente en curso de negociación en el marco del diálogo social.

En definitiva, la recuperación socioeconómica y la transformación de nuestro sistema productivo exige y necesita de más y mejores empleos, en el marco de unas relaciones laborales equilibradas.