La demanda de un modelo de financiación suficiente y estable de las universidades públicas valencianas no es nueva, y los argumentos son conocidos. Pero hay varios factores diferenciales que hacen que, en estos momentos, la reivindicación pase de ser urgente a inaplazable.
En primer lugar, este 2022 se abona la última de las anualidades del convenio de deuda histórica, el colchón financiero que desde 2016 ha garantizado la sostenibilidad del sistema universitario público valenciano y con el que el Consell ha atendido, después de años de impagos, un compromiso de financiación adquirido en 2008. Para que se hagan una idea, en estos últimos siete años se han abonado más de 730 millones de los 891 que se habían acordado en 2008.
¿Y a partir de 2023 qué? Esa es la pregunta para la que aún no tenemos respuesta y esa es la incertidumbre que las universidades queremos despejar.
En segundo lugar, esta incertidumbre se produce en un momento en el que las universidades valencianas todavía no hemos recuperado el nivel de inversión previo a la crisis financiera de la década pasada. En 2010, cuando se firmó el último Plan Plurianual de Financiación (PPF) que únicamente se aplicó ese año, el porcentaje del PIB que se destinaba a financiación de las Universidades y estudios superiores era del 0,91. En los sucesivos años fue bajando hasta llegar al 0,7 en 2019 y en estos momentos se sitúa en el 0,88%, todavía un 12% menos que hace una década.
Por tanto, el nuevo modelo debería, como mínimo, consolidar el porcentaje de financiación del 0,88% del PIB que se ha alcanzado en 2022. Y debe garantizar un horizonte de mejora de la financiación que asegure la sostenibilidad de las universidades, que incentive la excelencia y que, progresivamente, nos acerque al objetivo de que la inversión en universidades alcance el 1% del PIB, según contempla el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Ya hay indicadores que muestran cómo impacta la ausencia de esta financiación suficiente y sostenida en las estrategias de las universidades valencianas, como por ejemplo en las dificultades que tenemos para adaptar nuestra oferta académica a la evolución de las demandas sociales. Así, el «U Ranking» del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA sitúa a cuatro de las cinco universidades públicas entre las 15 que menos han variado sus titulaciones desde el curso 2010-2011. Que las universidades tengamos dificultades para renovar la oferta académica es una muestra de debilidad del sistema universitario público valenciano en su conjunto, pero sobre todo compromete las posibilidades de formación y las oportunidades del territorio en un contexto de cambios profundos y desafíos globales.
Además, hay otro factor relevante que debe abordar el plan de financiación: la actualización de los criterios de reparto de la subvención ordinaria que recibimos las cinco universidades públicas para que se ajusten a la realidad de las universidades. Y, entre esos criterios, desde la UJI defendemos la necesidad de que se tenga en cuenta el impacto de las universidades en el desarrollo territorial, más teniendo en cuenta que el modelo universitario español apuesta por universidades de calidad próximas a la ciudadanía.
En este sentido, si se analiza la evolución del PIB de Castellón, se constata su crecimiento desde la creación de la UJI. Aunque no sea atribuible en exclusiva a la Universitat Jaume I, es indudable que la UJI ha tenido un papel importante en el desarrollo económico de la provincia y en la fijación de población y talento al territorio. Ese impacto se resentirá seriamente si la financiación del servicio que presta no se corresponde con las necesidades del ámbito territorial en el que la UJI oferta un servicio público de educación superior. En otras palabras, la infrafinanciación de la UJI es también la infrafinanciación de la provincia de Castellón.
Somos conscientes de la magnitud del reto, pero es el momento de las universidades. Por necesidad –se ha agotado el colchón de la deuda histórica-, pero también por oportunidad –la formación, la investigación y la innovación son claves para responder a los retos ambientales, sociales y económicos que afrontamos -. Tenemos el compromiso del Gobierno valenciano y sabemos de los esfuerzos pasados y presentes para diseñar ese nuevo modelo de financiación, pero ahora lo que se nos agota es el tiempo. Por todo ello, ahora más que nunca, desde la Universitat Jaume I seguiremos reclamando la necesidad de un plan plurianual de financiación universitaria y colaborando, con la lealtad institucional que nos caracteriza, para buscar la fórmula y lograr hacer realidad una reivindicación histórica.
