Desde finales de febrero de este año con el comienzo del conflicto en Ucrania, las tensiones geopolíticas se han ido incrementando, desestabilizado los mercados financieros y provocando grandes desajustes en el sector de la energía, lo que a su vez ha generado un aumento generalizado en los precios de productos y servicios con elevadas tasas de inflación nunca vistas desde hace muchos años.
Los países de la Unión Europea han tenido y siguen teniendo una fuerte dependencia del gas suministrado por Rusia. El bloque comunitario consumía cerca del 40% del gas natural de procedencia rusa. Lo que inicialmente tras el conflicto supuso un fuerte incremento del precio del gas, ha pasado con los atentados al gaseoducto Nord Stream en el mar Báltico, a una falta de suministro del preciado combustible provocando un fuerte impacto en los mercados energéticos europeos y por tanto en industrias, empresas y hogares.
Nos aproximamos a un crudo invierno con la incertidumbre del conflicto y algunos deberes por hacer. Los máximos dirigentes de la Unión Europea se reúnen estos días para debatir bajo una enorme presión, las compras conjuntas en el seno de la UE estableciendo un precio máximo del gas, contra la opinión de Alemania cuya fuerte economía le permite compras a precios máximos garantizando su suministro.
Estamos sufriendo una crisis energética sin precedentes consecuencia de la interrupción del suministro del gas soviético. Se han potenciado las compras de gas natural de los países europeos a Noruega y Argelia exportadores ya habituales y se han incrementado un 44% las compras de gas licuados hacia las regasificadoras de los países de la Unión, intentando llenar al máximo sus reservas de cara a la época invernal. Todo ello precedido de una situación nada ventajosa en estos momentos si consideramos que el primer semestre de 2022 la generación nuclear e hidroeléctrica en la Unión han caído un 14% y un 25% respectivamente, frente al mismo periodo de 2021, consecuencia del mantenimiento de las centrales nucleares en Francia y una sequía generalizada en el continente europeo.
Fuera del ámbito de la Unión Europea, cada país hace sus cábalas para evitar la interrupción del suministro en plena estación de frío dentro ya de pocas fechas. Llenar las reservas de gas a su máxima capacidad; estimular políticas de ahorro y eficiencia en el consumo; incentivar ayudas fiscales para consumidores vulnerables en las industrias y hogares; generar con fuentes renovables y convencionales a su máxima capacidad de producción, son algunas de las medidas para enfrentarse a la crisis energética.
En nuestro país el gobierno aprobó hace unos pocos días el Plan de Seguridad Energética con 73 medidas que incluyen medidas de concienciación social, apoyo fiscal para particulares y empresas, agilización de energías renovables y refuerzo de la capacidad industrial. Todo ello con una dotación presupuestaria de 3.000 millones de euros
España tiene una mínima dependencia del gas ruso, dispone de un mix energético de generación diversificado, una gran capacidad de regasificación convirtiendo el gas licuado en gas para el consumo energético en industria y hogares. Afrontemos con optimismo la recuperación de nuestra capacidad de agua embalsada tras la sequía para enfrentarnos a un 2023 en las mejores condiciones energéticas posibles y mantener a largo plazo la capacidad de generación que hoy se dispone en nuestro país.
Esperemos que con este panorama las medidas adoptadas sean realmente eficaces y capaces de evitar cortes de suministro de gas y electricidad en un invierno ya a la vuelta de la esquina. Debemos además pensar en el medio y largo plazo con un Plan Estratégico de Energía equilibrado y realista que se plantee más allá de cualquier visión ideológica y partidista.
