La hora de la verdad del Derecho Civil Valenciano

Cristóbal Aguado

Cristóbal Aguado

En menos de dos meses llegará la hora de la verdad. Los partidos que componen el Congreso de los Diputados tendrán que votar si están a favor o en contra de la reforma constitucional que, además de eliminar la palabra ‘disminuidas’ para referirse a las personas que sufren alguna discapacidad, incluye la recuperación del Derecho Civil Valenciano.

Votar a favor significará recuperar lo que hace más de 300 años nos robaron, a través de los Decretos de Nueva Planta y la abolición de los Fueros, de manera que Les Corts Valencianes, al igual que ya disfrutan en otras seis comunidades con singularidad histórica, volverán a tener la capacidad de aprobar leyes modernas y adaptadas a las necesidades reales de sus ciudadanos.

Leyes que, entre otros sectores, serían útiles para los agricultores y ganaderos. Hasta la fecha, la única normativa vigente del Derecho Civil Valenciano es la Ley de Contratos Agrarios, dirigida a frenar abusos comerciales en el campo. Pero con este paso en favor del autogobierno, también estaríamos en condiciones de favorecer la sucesión familiar y el relevo generacional al frente de las explotaciones de una forma más ágil y económica, proporcionando una mayor libertad de decisión o readmitiendo el testamento ‘del ú per l’atre’, que en caso de fallecimiento de un cónyuge permitiría pasar sus bienes automáticamente al otro, como ocurría en el Reino de Valencia.

Por el contrario, diputadas y diputados del PSOE, PP y demás grupos políticos del Congreso, votar en contra significará traicionar a las valencianas y los valencianos, prolongar agravios humillantes respecto a otras comunidades y negar al pueblo valenciano lo que por justicia le corresponde.

El Estatut de Autonomía ha cumplido 40 años y van a hacer tres desde que Les Corts se manifestaran en defensa de esta reforma constitucional, que cuenta con un amplísimo consenso de la sociedad civil, organizaciones agrarias, sindicatos, empresarios, universidades, colegios profesionales y entidades culturales, así como 541 ayuntamientos. Se trata de una reivindicación sin violencia, con moderación, que mediante el uso de la palabra y el acuerdo busca soluciones dentro del Estado de Derecho. Nunca hemos estado tan cerca. Solo falta la recta final. Un último esfuerzo desde la unidad, la dignidad y el bien común. Únicamente pedimos que nuestros políticos cumplan la palabra dada y voten lo mismo en València y en Madrid. Y cuando lleguen las elecciones, cada uno mirará quién está junto al pueblo valenciano y quién no.