CIE de València: encierros injustos e ilegales

En el CIE de València no sólo se vulneran derechos fundamentales cuando se maltrata a los internos, ya sea por acción directa de la policía o por las condiciones en que viven encerrados, sino que incluso se violan leyes y resoluciones judiciales vigentes. Ni siquiera se respeta el mínimo de garantías que establece el marco jurídico español para las personas migrantes.

En Zapadores no sólo se encierra injustamente a personas que no han cometido ningún delito sino que también mantienen ilegalmente recluidas a quienes que en aplicación de la ley vigente deberían estar libres. El pasado año deportaron a un chico argelino solicitante de asilo a pesar de que la Audiencia Nacional había suspendido la expulsión. La justicia obligó a devolver al joven a España, pero nadie -ni el director del CIE ni ninguna otra autoridad- asumió la responsabilidad de haber puesto en riesgo la vida del chico. Como el hecho quedó impune, se han vuelto a producir situaciones semejantes. Este pasado mes de marzo, la Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones hemos denunciado dos casos más paradigmáticos.

A finales de febrero supimos que un joven marroquí, extutelado por la Comunidad de Madrid, llevaba encerrado más de un mes aunque en el CIE se disponía de la resolución judicial que suspendió su orden de expulsión. Solo lo pusieron en libertad cuando los servicios jurídicos de la campaña evidenciaron que en el expediente del interno constaba que su expulsión había sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. La Ley de Extranjería determina el internamiento en los CIE como una medida cautelar cuya finalidad es asegurar la expulsión. Sin embargo, vulnerando esta ley y la sentencia de Madrid, el chico fue recluido ilegalmente durante un mes. Además, hay que destacar que la suspensión se acordó porque el TSJ consideró que el chico tiene arraigo social a pesar de que ni la Comunidad de Madrid ni ninguna Administración hizo nada para regularizar su situación. Reclamamos medidas disciplinarias contra los responsables de este encierro ilegal y mecanismos de coordinación para que no se repitan situaciones semejantes. Nada se hizo y días después nos vimos obligados a denunciar otra detención ilegal en Zapadores.

Un hombre que huyó de Kósovo porque sufrió persecución por su orientación sexual, solicitó asilo en España y acabó encerrado en el CIE de Zapadores a la espera de su deportación. La campaña denunciamos el riesgo de que esta persona pudiera volver a padecer tratos inhumanos y degradantes si era deportada y la vulneración que se estaba realizando de la Ley de Asilo, ya que se ordenó su expulsión e internamiento en un CIE sin que se hubiera resuelto su solicitud de protección internacional. Desde que a los 20 años expresó que era homosexual comenzó a tener problemas tanto con su familia como con su comunidad. Durante varios años sufrió amenazas, vejaciones y agresiones, llegando a la situación límite de dejar de salir a la calle por el miedo a la violencia que pudiera sufrir. Tampoco se atrevió a denunciar por temor a ser perseguido por la propia policía. Entonces decidió escapar de su país natal para proteger su vida. Según investigaciones sobre la situación de las personas LGTBI en Kosovo, más del 80 % dicen haber sido víctimas de insultos y un 29 % denunció agresiones físicas. Sin embargo, su solicitud de asilo fue rechazada inicialmente, pero se recurrió sin que haya habido una resolución final sobre el caso, por tanto debe ser considerado un solicitante de PI de pleno derecho y la ley prohíbe que esté internado en un CIE. Nuestra abogada presentó una solicitud de medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para que no fuera expulsado mientras se resuelve definitivamente su solicitud. El letrado del Estado se opuso, pero finalmente la Audiencia nos dio la razón y el chico fue liberado. No obstante, volvimos a exigir que se depuren responsabilidades por este encierro ilegal y hasta ahora la respuesta ha sido la misma: desidia por parte del CIE y de la Administración en general.

Por tanto, la ciudadanía debe ser consciente de que existe un lugar en nuestra ciudad donde se encierra de forma injusta e ilegal a las personas y tenemos que actuar en consecuencia.