El Ayuntamiento de Cullera reclama a once vecinos del complejo residencial Villes Mediterrània, situado en el Faro, 66.715 euros para terminar las obras de urbanización de esta zona.
Hace más de un año los vecinos de Villes Mediterrània presentaron un proyecto urbanístico para completar las infraestructuras y ampliar la instalación del alumbrado público hasta las calles Serra d'Espadà y Serra de Mariola. Los promotores son las propias familias y el proyecto suma un total de 305.846 euros (IVA no incluido), pero algunos propietarios no han abonado el dinero que les corresponde y ahora los afectados han pedido al ayuntamiento que, como Administración Pública, reclame a los deudores el dinero.
Algunos de los propietarios son empresas inmobiliarias que tienen viviendas en la zona. El secretario del ayuntamiento explicó en el último pleno municipal que el consistorio tiene la potestad de reclamar estos pagos e, incluso, llegar a embargar a los deudores que no satisfagan la deuda.
Los primeros vecinos de Villes Mediterrània empezaron a vivir en sus casas en 2008 y, desde entonces, aún no han conseguido la licencia de primera ocupación porque la urbanización no está acabada. Ese año la empresa constructora paralizó las obras al entrar en concurso de acreedores y los vecinos han tardado cuatro años en erigirse como promotores para terminar el complejo.
El suministro eléctrico les llega a través de un auxiliar de obra y, para tener agua potable, se abastecen de tuberías de obra que se han instalado de forma provisional en la calle. En verano no pueden ducharse ni usar prácticamente el agua potable a partir de ciertas horas porque las tuberías están al sol y el agua sale ardiendo de los grifos. Además, pagan impuestos como el IBI y la tasa de la basura, a pesar de que no tienen servicio de recogida de basura al no estar terminada la urbanización. Tampoco pueden tener servicio postal.
Villes Mediterrània se ubica en la zona conocida como Faro del Mediterráneo, que anteriormente tuvo problemas con el suministro del agua porque alrededor de 300 familias no podían pagar sus recibos debido a diversos enredos urbanísticos.
