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Tensión entre alcaldes y policías

La asociación profesional de mandos de la Comunitat Valenciana denuncia injerencias políticas en su labor y señala a Carlet, Carcaixent y la Pobla Exige que se deje de usar «caprichosamente» a los agentes

Rafael Soler. vicent m. pastor

Los sonados conflictos entre alcaldes de la Ribera y sus respectivos jefes de policía han hecho saltar chispas durante los últimos tiempos hasta tal punto que por primera vez los mandos policiales locales han decidido romper su silencio para denunciar lo que consideran una injerencia política en sus labores profesionales.

La Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local de la Comunitat Valenciana (Unijepol-CV) ha hecho un llamamiento para que se respete la independencia profesional de los funcionarios policiales y recuerda que éstos sólo están vinculados al poder político «en las líneas generales de actuación y no en los detalles y trabajos técnicos». «Pueden marcar prioridades, pero no tomar decisiones que contravengan la ley o en provecho propio», matizan

La organización que agrupa a los jefes policiales cita explícitamente los recientes casos de Carlet y Carcaixent, además del de la Pobla Llarga, donde recuerdan que a lo largo de los últimos años han sido varios los inspectores que han pasado por el puesto. «Esto no es normal», precisan.

Unijepol ve con «desagrado» lo que describe como «presuntas presiones» desde estas alcaldías, «creando una problemática profesional que no es tolerable desde un punto de vista ético».

Cabe recordar que en Carlet, la presidenta de la corporación municipal, Mª Ángeles Crespo, ha sido imputada por el juez a raíz de una denuncia de la fiscalía tras tomar declaración al jefe de la Policía que aportó pruebas de que la alcaldesa retiraba denuncias de tráfico ya impuestas según su criterio. El inspector, actualmente de baja laboral, acaba de declarar ante el juez y se ha refirmado en su denuncia inicial. La alcaldesa, que abandona el cargo tras las elecciones del 24 de mayo, deberá declarar el próximo 19 de junio en el juzgado número 3 de la localidad.

Conocidos son también los desencuentros entre la primera edila de Carcaixent y el exjefe policial. El juez condenó a la alcaldesa Lola Botella a restituir en su puesto al oficial de policía que cesó. Una sentencia anuló el decreto de Botella por no haber motivado la decisión y sentenció al ayuntamiento carcagentino a abonar las diferencias salariales de más de un año tras apartarlo del cargo y las costas.

«Servicio personal»

Por todos estos casos, Unijepol ha exigido que el puesto de jefe de la Policía Local «deje de ser considerado algún día por algunos cargos políticos como un puesto al servicio personal o caprichoso del alcalde o alcaldesa de turno» y reclama que se convierta en una plaza ocupada por un técnico cualificado y profesional, independiente y dedicado al bienestar de los vecinos de su municipio.

Asimismo, la organización profesional ha querido dejar patente su apoyo a los responsables de estas jefaturas envueltos en los citados conflictos, algunos de los cuales «lo están pasando verdaderamente mal», apuntan.

Aunque desde Unijepol matizan que la tónica general es que alcaldes y oficiales policiales mantengan buenas relaciones —pese a que consideran que el cargo de jefe de la Policía «es el más conflictivo en un ayuntamiento»—, fuentes policiales achacan los recientes enfrentamientos en la comarca a la «fuerte personalidad» de algunos responsables políticos y al temor a que las acciones de estas fuerzas de seguridad les perjudiquen. «Algunos temen perder votos», afirman voces de Unijepol, «pero ni todos los políticos son demonios, ni esta situación es propia de un solo partido», aclaran, al mismo tiempo que reconocen que también hay algunos policías «difíciles de llevar».

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