La alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella, ha convocado para mañana a primera hora a los concejales de los diferentes grupos políticos para celebrar el último pleno de su mandato. Ya solo le quedará el de proclamación del nuevo alcalde, el 13 de junio, en el que tendrá que ceder la vara de mando tras 16 años al frente del ayuntamiento.
Antes, Botella quiere dejar atados pagos para hacer frente a sentencias contra el ayuntamiento derivadas de diferentes pleitos urbanísticos en los que ha resultado condenado el consistorio.
El orden del día del pleno de mañana, a 48 horas de las elecciones, recoge la modificación de créditos para generar liquidez suficiente que permita el pago de al menos dos sentencias urbanísticas, entre ellas la ejecución del proyecto de reparcelación del sector 1, denominado Apotecari Bodí, y otra ejecución de sentencia, en este caso del proyecto de reparcelación de la UDE-3 Camí Fondo.
La primera de ellas es una indemnización por valor de 650.167 más los intereses desde julio de 2003. En el expediente se recoge que en julio de 2004 se hizo efectiva por parte del ayuntamiento una cantidad de 133.214 que, lógicamente, se restará de la deuda final, a la que, sin embargo, hay que sumar intereses por valor de 258.026 euros. A ella hay que realizar una serie de deducciones que dejan la cantidad a pagar por el ayuntamiento en 707.180 euros.
Botella no puede pagar ahora
Sin embargo, los planes de ajuste en los que anda inmerso el Ayuntamiento de Carcaixent frenan la capacidad de maniobra de Lola Botella ya que impiden que el ayuntamiento pueda hacer frente al pago de esa cantidad de una sola vez y en un único ejercicio presupuestario.
Por ello, el ayuntamiento aprobará, previsiblemente mañana, la propuesta de liquidar 279.180 euros en 2015 y los 428.000 euros pendientes en los dos próximos años: 214.000 euros en 2016 y otros 214.000 euros en 2017.
Y como la decisión de Botella comporta que los presupuestos futuros asuman estos compromisos corresponde al pleno resolver este acuerdo.
«Tenemos que pagar»
El otro pleito urbanístico que tratará el pleno es el relativo a la zona de Camí Fondo, que obliga a pagar 126.333 en el ejercicio 2015, además de otros 184.000 euros, a razón de 92.000 euros en 2016 y la misma cantidad en 2017.
La alcaldesa aseguró recientemente a este diario que su intención era pagar las indemnizaciones porque así lo había estimado el juez. Entonces explicó que la situación económica del consistorio había mejorado mucho y que no quedaba otra opción que acatar la sentencia y pagar. El ayuntamiento se da incluso por satisfecho porque el propietario llegó a reclamar más de tres millones de euros de indemnización, según explicó la alcaldesa. Sin embargo, la deuda tendrá que asumirla el futuro gobierno, el que salga de las elecciones del domingo y se constituya el sábado 13 de junio.
