La Audiencia Provincial ha estimado los recursos de apelación interpuestos por un afectado en la causa y por el Ayuntamiento de Antella contra la exalcaldesa y aún número uno del PP, Mª Isabel Giménez. La juez mantiene imputada por prevaricación a la exprimera edil por supuesto trato de favor a su marido tanto en la concesión del chiringuito del Assut de Antella como por la contratación de su cónyuge como capataz del ayuntamiento en unos programas de promoción del empleo a pesar de que no estaba en paro.
La Audiencia considera que no se puede archivar la causa al existir todavía indicios de ilegalidad y al creer que las acusaciones están sustentadas en hechos probados.
El proceso judicial va alargándose en el tiempo y a pesar de la imputación de la exalcaldesa, el partido comandado entonces por Alberto Fabra quebró su promesa preelectoral y configuró una lista encabezada por Giménez, que hoy sigue como cabeza visible de los populares en la localidad ribereña. La exprimera edil alegó que el proceso estaba a punto de ser finiquitado por la justicia ya que en enero se aprobó el sobreseimiento de la causa, lo que le permitió ser candidata en contra de la línea roja de Fabra.
Sin embargo, los denunciantes tenían aún derecho a recurrir la decisión. En recurso ha sido estimado, aceptando además el juzgado de instrucción nuevas declaraciones (entre ellas la del marido de Giménez) que pueden ser claves para la resolución final.
El conflicto nació hace ya casi una década cuando el Ayuntamiento de Antella comandado por Mª Isabel Giménez cedió el chiringuito de la Assut (el barracó) a su marido. Poco después el cónyuge también fue contratado como capataz del consistorio gracias a los fondos de un programa Epamer de promoción del empleo. La justicia ya declaró ambos movimientos como ilegales y por ejemplo el ayuntamiento hubo de costear el importe pagado al marido de Giménez, con lo que vio aminorada una subvención recibida con posterioridad. Dejó de ingresar casi 5.000 euros.
Adjudicación anulada
La adjudicación del chiringuito de la azud fue anulado en posteriores plenos municipales y ratificada por la justicia pese a los recursos presentados por el cónyuge de Giménez.
El juez reprocha a la exalcaldesa que no dé una explicación, siquiera mínima de los requisitos que debían concurrir en la contratación como capataz de su marido». Además el juez ve «indicios objetivos de que conocía la situación laboral del mismo», por lo que defiende que los dos hechos deben valorarse conjuntamente para decidir si la conducta de la imputada puede calificarse o no de prevaricación administrativa.
