La compañía suministradora del agua ha detectado 17 enganches fraudulentos a la red en una finca de la calle Safor de Carlet. Es la consecuencia de la ocupación de viviendas construidas durante el «boom» urbanístico en lo que se diseñó como un área de expansión y que amenaza con convertirse en una zona marginal después de que los pisos no tuvieran salida en el mercado tras el estallido de la crisis. La Policía Local contabiliza más de cincuenta viviendas ocupadas irregularmente en la localidad que, según explicó ayer la alcaldesa de Carlet, Mª Josep Ortega, se localizan básicamente en el barrio de Villarrubia, por un lado, y en fincas que no se han llegado a estrenar.
Ortega participó el martes en la reunión convocada por la Mancomunitat para presentar el nuevo servicio de vivienda que pretende movilizar tanto el parque público como el privado para poner a disposición de familias necesitadas un techo digno mediante un alquiler social y que tendrá sede en Carlet y Alzira. Mª Josep Ortega, presidenta a su vez de la comisión de Políticas Inclusivas en les Corts, señaló que el problema de la ocupación ilegal de viviendas no es propio de Carlet, sino que se está dando en muchos municipios, y representa un problema social, ya que se trata de familias que no están empadronadas y, por tanto, no pueden optar a ayudas municipales y se convierten en focos de exclusión social.
«Los políticos no podemos mirar hacia otro lado, hay que hacer planes específicos de protección para atender a estas personas», comentó la alcaldesa, mientras señalaba que ha pedido unos días a la empresa del agua para identificar a las familias a las que pretende cortar el suministro. «Tenemos que tener un cuidado especial y comprobar si hay niños, gente mayor o enfermos y alertar a la conselleria para ver qué hacemos con esas familias», incidió, al tiempo que comentaba que se tiene que conocer primero a estas personas, localizar a los propietarios de las viviendas y regularizar su situación. El nuevo servicio mancomunado marca directrices en esta línea. De lo contrario, indicó Ortega, la ocupación ilegal de casas vacías sean propiedad de bancos o de particulares deriva en problemas de salud pública, de seguridad ciudadana y, en definitiva, en un problema social.
