El Ayuntamiento de la Pobla Llarga empieza este año un largo camino por el desierto económico. El consistorio que comanda la socialista Neus Garrigues va a tener que hacer frente ya en el presupuesto que se está configurando para el próximo curso a una herencia endiablada en la que cada año tendrá que destinar alrededor del 30 % de sus finanzas a pagar préstamos bancarios pasados, acumulados durante la época del PP en el ejecutivo local. Serán alrededor de 750.000 euros de los 2.500.000 con los que aproximadamente cuenta la localidad cada año. La situación es de auténtico drama.
Según declaró ayer el edil de Hacienda, Ximo Vidal, en el pleno del pasado lunes el gobierno municipal demostró que el equipo de gobierno que comandó Rafa Soler (PP) hizo constantes pagos fuera del presupuesto, engordando cada año un déficit al que ahora tendrán que hacer frente los vecinos y vecinas de la Pobla, que verán como se suben diferentes impuestos y se aplican tasas por servicios que antes eran gratuitos. Y es que el equipo de gobierno actual del PSOE ha podido constatar que se llegaron a acumular hasta 1.765.000 euros fuera del presupuesto y que nunca se notificaron a las fuerzas de la oposición. En total, se ha podido contabilizar una deuda de cerca de seis millones de euros, que se vertebró en parte con el plan de pago a los proveedores que promovió el gobierno de Rajoy. Sin embargo, tras varios años, aparecieron varias posibilidades y, según el ayuntamiento, Soler eligió posponer el pago para contar con liquidez en la campaña electoral de 2015, en la que sin embargo acabó perdiendo el poder. El nuevo gobierno local ha visto ahora la situación real de la finanzas. Este año se empezarán a pagar los 750.000 euros de los préstamos y el plan de proveedores y no se dejará de pagar hasta 2023, acumulando así los casi seis millones de déficit. Con todo, el presupuesto anual deberá sufrir drásticos cambios, prácticamente sin viabilidad propia ninguna para llevar a cabo inversiones o planes para reducir el paro. Las cuentas generales del 2015 se aprobaron con los votos a favor de los socialistas y la abstención del resto de formaciones. Se especificaron los pagos fuera del presupuesto realizados desde el 2000 hasta el 2015. «Tras la formalización del préstamo por el pago a los proveedores, el PP dijo en 2012 que comenzaba a controlar los gastos pero lo cierto es que continuaron pagando fuera del presupuesto, engordando la deuda. Las nóminas de octubre, noviembre y diciembre, más la seguridad social, se pagó fuera del presupuesto. Sólo en eso, ya aparecían 210.000 euros sin control», arguyó el edil Ximo Vidal.
La situación llevó al ejecutivo de Neus Garrigues a pedir la abstención de la oposición en el pleno de la pasada semana para que permitiesen la subida del IBI urbana y del impuesto de circulación de los vehículos motorizados. Subirán ligeramente pero permitirán que exista cierta disponibilidad económica en los presupuestos. Además, también se han creado tasas, por ejemplo en las ceremonias civiles y la expedición de documentos.
