El Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira ha llamado a declarar en calidad de investigado al exalcalde de la Pobla Llarga y actual diputado provincial del PP, Rafael Soler, por un presunto fraude en las subvenciones recibidas para acondicionar el Teatre-Cinema Monterrey. Al parecer, el consistorio pagó los trabajos de equipamiento al contratista y recibió las ayudas procedentes de la Diputació de València, pero las actuaciones nunca se llegaron a realizar. De hecho, y según asegura la actual alcaldesa del municipio, Neus Garrigues (PSOE), «solo se recibió parte del material que estipulaba el primero de los tres contratos que se firmaron».
El actual gobierno municipal explica que Soler suscribió un convenio de colaboración con la diputación por el que el ente provincial -del que entonces no formaba parte- concedía 267.000 euros en tres anualidades para proceder al acondicionamiento del teatro, cifras que el consistorio debía de justificar al ente provincial mediante las correspondientes facturas emitidas por el proveedor o por los proveedores para recibir el montante. El primer contrato para adecuar el auditorio se firmó el 7 de agosto de 2009 por un importe de 117.105,74 euros y contemplaba el suministro de 647 butacas correctamente montadas e instaladas. En cambio, «solo se recibieron 640 respaldos y 640 asientos, sin los correspondientes reposabrazos, lo que impide el montaje de los mismos», indica Garrigues. Además, no se procedió a la correspondiente instalación del mobiliario, según especifica el contrato. Del segundo y del tercer contrato, firmados el 29 octubre de 2009 y el 8 de octubre de 2010 con valores de 79.984,32 euros y 70.011,09 euros, ni tan siquiera se entregó el material. En esta ocasión, se trataba de la compra de otras 442 butacas con su instalación incluida y del acondicionamiento acústico de la sala con el telón, el carril motorizado para el mismo, los acabados y complementos de decoración para el edificio, detallan desde el consistorio.
Procedimiento sospechoso
Pese a que el contratista no había completado los trabajos o, mejor dicho, apenas los había iniciado, el gobierno liderado entonces por Soler pagó las facturas correspondientes a los tres contratos entre 2010 y 2012 y justificó ante la diputación el cumplimiento de los tres contratos, cuando la única actuación que había realizado el proveedor fue la de entregar parte de las 647 butacas que se contemplaban en el primer acuerdo, según indicaron desde el equipo gobierno actual. Cabe señalar que, aún hoy, las obras del teatro están muy atrasadas.
Además, el posterior fallecimiento del contratista agravó aún más la situación. El consistorio aprobó entonces en un pleno celebrado en 2013 la cancelación del segundo contrato, cuyo importe no se ha recuperado hasta la fecha, pero curiosamente no tuvo en cuenta que el contratista había incumplido también el tercer contrato y que, del primero, solo se había cumplido con la entrega de parte del material. Además, sucedió que el fabricante de las butacas se puso en contacto con la actual alcaldesa para, al conocer que se iba a acondicionar todo el teatro, interesarse por cómo iban a proceder tras el fallecimiento del intermediario. Fue en este momento cuando el gobierno local supo que al fabricante solo le habían pagado el material entregado.
Por todos estos motivos, el actual gobierno puso esta serie de presuntas irregularidades en conocimiento de la fiscalía, que las trasladó al juzgado al ver un indicio de delito. Ahora, el juez ha llamado a declarar el próximo 16 de mayo a Rafael Soler como investigado, y a la propia Neus Garrigues, como testigo.
«Como alcaldesa no podía quedarme con los brazos cruzados ante este tema al ver que se ha pagado con el dinero de los contribuyentes unos materiales y servicios que no tenemos en el teatro», aseguró ayer a Levante-EMV la jefa del ejecutivo local. «Queremos saber donde ha ido a parar ese dinero», concluyó.
