Real tiene motivos de sobra como para no querer ni oir una sola palabra sobre la posibilidad acoger el basurero comarcal.
Y es que los vecinos todavía recuerdan los años de conflicto y las consecuencias ambientales, sociales y políticas que trajo consigo la planta de residuos tóxicos. Todo empezó en el año 1996 cuando se supo que la empresa Sociedad Agricultores de la Vega (SAV) -que gestionaba el vertedero de residuos tóxicos- había presentado al ayuntamiento, entonces gobernado por el PSPV, un proyecto de ampliación del vertedero. Esto provocó una fricción interna que se saldó con dos concejales socialistas aliándose con el PP y UV para firmar una moción de censura contra el entonces alcalde, Francisco López, que dio lugar a un nuevo gobierno encabezado por Carmen Ocaña, que posteriormente militó en el PP. La nueva corporación, apoyada por la movilización vecinal, declaró la guerra a los vertederos y el 7 de marzo de 1997 clausuró la planta al estimar que la licencia municipal otorgada en 1991 estaba caducada al haber agotado la capacidad de vertido prevista. La mercantil SAV recurrió y el TSJ estimó que la clausura era ilegal. Fue el origen de una sucesión de pleitos que aún se arrastra y de una fractura que no acaba de cicatrizar.
