Los ornitólogos denuncian la caza de especies protegidas
Reprochan que se dispare a aves nunca vistas en el parque natural de l'Albufera y lamentan que se difundan las imágenes en las redes sociales
La Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) ha denunciado que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha incurrido en una «clara dejadez de su función de control de la caza» en el espacio natural protegido de l'Albufera. La entidad conservacionista ha recriminado a la Generalitat que «no realiza correctamente el recuento de ejemplares abatidos en las temporadas de caza» y ha lamentado la «ausencia de informes con datos propios y precisos sobre las especies y número de aves capturadas».
La asociación ha puesto el foco en las «numerosas infracciones a la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana» que se producen en el parque, «como disparar en los «vedats» a animales protegidos», afirman. En algunos casos, indican que estas irregularidades afectan a «especies que no se habían visto nunca en l'Albufera y que terminaron abatidas por los cazadores, como ocurrió con una docena de barnaclas carinegras, una especie muy extraña en la Comunitat, matadas en enero de 2015 en los «tancats» de Sueca».
Extremar la vigilancia
La SVO ha reclamado a la administración autonómica más medios para el control de la actividad cinegética, como el conteo riguroso del número de aves cazadas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del parque natural.
Y es que la entidad ha declarado que se han hallado especies heridas o muertas al finalizar la campaña, cuando se reabren los «vedats»; o ejemplares muertos en el límite de las zonas de caza. «El Centro de Recuperación de Fauna del Saler ha recibido más de 80 individuos de hasta 25 especies no cinegéticas abatidas por disparo durante un periodo de cinco años. Se ha ido a por animales catalogados en peligro de extinción como la cerceta pardilla, el porrón pardo, el avetoro o la malvasía cabeciblanca, sin ningún tipo de respeto hacia ellos».
Asimismo, aseguran que han conocido todos estos casos puesto que los infractores «difunden vídeos o imágenes a través de las redes sociales de especies cuya caza no está autorizada, que acaban llegando de rebote a grupos conservacionistas y agentes medioambientales», sentencian.
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