El juzgado ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la conveniencia de archivar o abrir un juicio oral contra el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, en el caso de que aprecie delito de desobediencia en el retraso en cumplir la sentencia de febrero de 2008 del Tribunal Superior de Justicia, en la que se ordenaba al ayuntamiento que desbloqueara la conclusión de San Cristóbal, una zona residencial con más de un millar de parcelas que comenzó a construirse en 1972 y que aún está incompleta. El fallo también obligaba al consistorio a asumir servicios básicos como el suministro de agua o la limpieza viaria.
A fecha de hoy, la finalización de las obras de la urbanización sigue pendiente. La problemática se arrastra más de cuatro décadas y continúa sin solución. Desde que en los años 70 falleciera el constructor, los parcelistas y la administración no se han puesto de acuerdo para afrontar la resolución judicial. El retraso condujo al inicio de diversos litigios para depurar responsabilidades y en uno de esos procedimientos, el primer edil declaró en 2014 como imputado. Carratalá argumentó ayer que se trata de un proyecto complejo y de una cuantía desorbitada, aunque indicó que la actual corporación ha dado muestras de su voluntad de cumplir con el fallo. «Es un tema tremendamente complicado. Nosotros vamos a seguir en la misma línea de trabajo. Nuestra intención es llegar a un consenso con todos los partes que nos permita llegar a buen puerto. Somos el primer gobierno que ha movido ficha en este asunto que se arrastra desde hace mucho tiempo», explicó el munícipe.
De hecho, el Ayuntamiento de Alberic ha realizado movimientos como la firma de un convenio con la Comunidad de Propietarios San Cristóbal, SA, en el que se incorporó una propuesta de cesión de suelos dotacionales, el procedimiento de prestación de servicios y la designación de un responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del mismo. Asimismo, en 2015 asumieron el servicio de recogida de basura a través de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Hechos que no parecen haber sido suficientes para la magistrada titular del juzgado número 1 de Alzira que, consciente de la denuncia de los vecinos en la que se alude al tiempo transcurrido desde la sentencia del TSJ sin que el consistorio haya asumido aún lo acordado, ha decidido trasladar a la Fiscalía el caso por un presunto delito de desobediencia atribuido al alcalde de la localidad de la Ribera Alta y al arquitecto municipal.
Caso abierto
Los residentes de la zona residencial exigen que el ayuntamiento asuma sus competencias sobre la urbanización y han solicitado la apertura de juicio oral. En opinión del presidente de la asociación de vecinos, Manolo Costa, «la situación de Alberic es equiparable a la de Navajas o la de Alginet», donde el TSJCV ha acabado condenando a los alcaldes por incumplir su sentencia.
En los próximos días, la Fiscalía aclarará si detecta hechos que pueden ser constitutivos de un presunto delito. Al respecto, Carratalá se mostró tranquilo y confía en poder llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. «Estamos obligados a entendernos y se está trabajando para dar respuesta a un problema que viene heredado», finalizó.
