El desastre acaecido este verano en la zona de Llutxent ante el paso descontrolado de las llamas -y el incendio declarado en Carcaixent hace dos años- son claras muestras de la necesidad de que las administraciones públicas apuesten por contar con todos los elementos de protección a su alcance. En el caso de los incendios que se repiten cada verano, la mayoría de los consistorios están obligados a disponer de un plan de prevención propio. Sin embargo, las estrecheces económicas causan que ningún ayuntamiento de la Ribera haya publicado un proyecto de este tipo en los últimos seis años y que tan solo dos -Alzira y la Pobla Llarga- cuenten con un proyecto vigente.
Ante esta tesitura, la fiscalía de Medio Ambiente ha enviado a los ayuntamientos de la comarca un requerimiento en el que les emplaza a elaborar esta herramienta de prevención. Los argumentos esgrimidos son contundentes. Así, recuerda que una resolución de la Conselleria de Territorio y Vivienda de 2005 declaró los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana de «alto riesgo»: «Y esta declaración supone que las entidades locales con terrenos forestales en sus territorios deben redactar planes locales de prevención de incendios... siendo obligatorios para todos los municipios con territorio forestal».
También recuerda que los proyectos de los municipios están subordinados a los propios de cada demarcación.
«El consistorio que usted preside no se halla dentro de la lista de municipios exentos de la obligación de elaborar los citados planes», prosigue el requerimiento firmado por el fiscal valenciano Antonio Vercher Noguera. De hecho, en la Ribera solamente Sant Joanet forma parte de la lista de localidades que no están obligadas por ley. Otros 32 municipios de la comarca cuentan con la posibilidad de redactar un plan local reducido de prevención de incendios por sus características orográficas propias.
En el requerimiento también se destaca se señala «el importante número de incendios, muchos de ellos intencionados», que han sufrido los municipios de la Ribera a los que se les ha enviado la misiva legal. «Le intereso tenga a bien informar a esta Fiscalía sobre la elaboración del susodicho plan por parte de su consistorio o, en caso contrario, informe igualmente de esa situación, si bien dejando claro por parte de esta Fiscalía de la obligación de elaborarlo», finaliza el requerimiento.
La Ley 3/1993 Forestal de la Comunitat Valenciana exige que se apruebe un plan local de prevención de incendios forestales (Plpif) en aquellos municipios que tengan terrenos forestales y que se encuentren en zona de alto riesgo. Desde el Consell confirmaron que «alto riesgo» son todos los terrenos forestales.
