La política da muchas satisfacciones, pero también puede ser muy cruel con sus protagonistas, sobretodo en la esfera local, donde todos se conocen para bien y para mal. La lucha, sin duda legítima, de los partidos por alcanzar o mantener las mayorías que les permitan gobernar alimenta no pocas pasiones que pueden resultar dolorosas. El caso más paradigmático registrado en los últimos dos años ha surgido en Sollana, donde la familia del todavía alcalde titular, Juan Roda, sufre el doble castigo de afrontar la larga enfermedad que le diagnosticaron hace 26 meses y de soportar los movimientos políticos desencadenados en su ausencia en el consistorio para moverle la silla. Los familiares pidieron respeto, pero tras una larga sucesión de revolcones, ahora, se han visto forzados a personarse en el Tribunal Supremo ante el recurso impuesto por el PP y la renuncia del gobierno local a mantenerse como parte en el pleito.
En septiembre de 2017, cuando el alcalde ya llevaba un año de baja, llegó una resolución de la Seguridad Social que reconocía la incapacidad laboral y, por tanto, dejaba de percibir retribución alguna del ayuntamiento. La familia de Roda aprovechó para reunirse en el ayuntamiento con los concejales, tanto del gobierno como de la oposición, para dejarles claro que ellos se desmarcaban completamente de la política municipal, ya que «su único objetivo» era cuidar al enfermo.
Una sentencia veloz
Un mes mas tarde, la familia solicitó al Juzgado nº3 de Sueca, la incapacidad de Juan Roda para que nombrara a un tutor que pudiera tramitar la renuncia del acta del alcalde. La sentencia, que llegó con una rapidez insual en estos casos, reconoció la incapacidad de Roda para gestionar sus bienes y derechos, nombrando así tutora, a su mujer, Ascensión Martínez. El fallo judicial, atendiendo a la solicitud del Ministerio Fiscal, no se pronunció respecto a la privación del derecho de sufragio pasivo, por lo que Juan Roda debía mantener el acta de concejal y, por consiguiente, la alcaldía. Esta resolución chocó con los intereses de la familia, «que lo único que quería era atender y cuidar al enfermo y desvincularse completamente de la política municipal».
La voluntad de la familia también colisionó con la del PP, cuyo portavoz, Vicente Codoñer, obtuvo del Juzgado de Sueca una copia literal de la sentencia «pese a que en ella aparecen datos sensibles, sujetos especial protección, que vulneran la ley de protección de datos», reprocha la familia. Dicha sentencia se presentó por registro de entrada en el ayuntamiento en junio de 2018 con la intención de que se convoque un Pleno para elegir un nuevo alcalde y dar entrada a otro concejal.
En ese momento, la salida de la concejal independiente ya había dejado al gobierno local en minoría. El PSOE pidió a la Junta Electoral Central que se pronunciara sobre si el ayuntamiento tenía que aceptar la solicitud del PP. La resolución de la autoridad electoral no dejó lugar a dudas: subrayó que la sentencia judicial no se pronunciaba explícitamente sobre la pérdida del acta de concejal del Ayuntamiento de Sollana, por lo que no podía ser destituido.
Pero el PP no se dio por vencido. Interpretaba que la baja del primer edil debía dar paso a su sustitución y soñaba con acariciar la vara de mando. Y ahora, a menos de ocho meses para las próximas elecciones municipales, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo, hecho que obliga, o bien al Ayuntamiento de Sollana, o bien al representante legal de Juan Roda, a personarse en el procedimiento ante el alto tribunal.
El ayuntamiento se retira
Por si faltaba poco para complicarle las cosas a la familia de Roda, el equipo de gobierno, hoy dirigido por el alcalde accidental, Juan José Martínez Ruíz (Compromís), ha resuelto retirarse del procedimiento y no continuar defendiendo a Juan Roda Gómez. «Nos han dejado solos y con toda la carga a la familia», lamenta un portavoz familiar. «No entendemos dicha decisión, ya que no fuimos nosotros quienes solicitamos a la Junta Electoral Central ningún pronunciamiento», añade con indisimulado enojo su entorno.
La familia subraya que dejó muy clara desde el principio su postura: «Dijimos a todos los partidos que no queríamos saber nada de la política municipal. Solo les pedimos consideración y tranquilidad para poder llevar la situación lo más dignamente posible, una petición que no se ha respetado, ya que llevamos 26 meses soportando comentarios y presiones de la política municipal».
