Los vecinos de Corbera se vuelven a movilizar contra la cantera, para intentar que, con su presión, se tomen las medidas necesarias a nivel administrativo para que quede clausurada definitivamente. Los habitantes de la localidad de la Ribera Baixa consideran que la situación es insostenible y llaman a la movilización por las constantes «infracciones urbanísticas, la explotación de la cantera sin autorización y las constantes sanciones medioambientales» que han recibido los propietarios y gestores de la explotación. Además, también critican que su funcionamiento se ha debido a «informes cuestionables de funcionarios y batallas legales».
El hecho es que el ayuntamiento que comanda Jordi Vicedo ya ordenó la paralización de la actividad en enero de 2018 (hace ahora justo un año) pero los vecinos han constatado en diferentes ocasiones que la actividad continúa.
La Conselleria de Medio Ambiente abrió el noviembre pasado un expediente sancionador a la Cantera Girtal Corbera, de Canteras y Áridos Llaurí SL. En marzo de 2017, la asociación ecologista realizó una consulta a la Conselleria de Medio Ambiente sobre si algunas de las tres canteras con mayor impacto ambiental, relacionadas en dos casos con la fabricación de cemento, disponían de esa autorización. La de Corbera la incumplía.
Un largísima controversia
Pero el conflicto viene de mucho más atrás. Su actividad empezó en 1988 y ya en 1993 el Tribunal Superior de Justicia valenciano dio la razón a los vecinos por la escasa distancia de la explotación con el casco urbano. Finalmente la licencia se anuló en 2001. Sin embargo, volvió a recibirla en 2004. El compromiso del empresario de restaurar la montaña le facilitó una licencia para ocho años. Después de que el ayuntamiento se la retirara en agosto de 2012 al considerar que la empresa encargada de su explotación y restauración había incumplido los plazos de regeneración de la zona donde se ubican estas instalaciones, la actividad minera se reinició en 2014 tras haber estado teóricamente paralizada desde entonces.
Dos años se le dio de plazo para cumplir con las promesas pero, cansados de esperar, en 2018 el consistorio volvió a ordenar la paralización y la empresa interpuso una querella criminal contra la secretaria municipal y el alcalde. La policía ha constatado la actividad.
