La distancia formal entre una T invertida y una O (de rotonda) va a costar mucho dinero al Ayuntamiento de Carcaixent y la paralización durante años de una de las zonas urbanísticas en las que más esperanza de progreso se habían depositado. El pleno municipal ya ha aprobado la resolución del contrato con el agente urbanizador del Sector Nord, el que se sitúa al lado de la empresa Decathlon y frente al Centro Comercial Ribera del Xúquer. Es decir, Carcaixent acepta que la empresa que iba a urbanizar la zona renuncie a ese encargo, en cumplimiento de una sentencia judicial. Y las consecuencias van a ser muy costosas.
La zona ha adquirido un gran atractivo en los últimos años, pero los propietarios de terrenos han estado pagando por parcelas urbanizables sin que se desarrolle allí nada. El ayuntamiento desconoce cuál será el futuro de la zona pero apunta a una posible gestión de desarrollo directo para dar una salida. Las perspectivas no son buenas. «Ahora empiezan nuevos juicios para conocer las liquidaciones (que hay que pagar a cada parte). Tenemos por delante un panorama incierto», reconoce el alcalde, Paco Salom (Compromís).
Mal diseño viario
Fue en 2007 cuando el pleno municipal decidió adjudicar el desarrollo del PAI de 150.000 metros cuadrados en la zona. Cinco años después la empresa, Urbanizadora PP1-01, aportó un primer esbozo de sus intenciones y en una de las conexiones (las que enlazaban la zona con la antigua carretera a Alzira) propuso una salida en forma de T invertida. El Consell tumbó el proyecto quince días después, alegando que no aceptaban otra solución que una rotonda, lo que provocó una «interferencia no prevista» que acabó con todos los planes diseñados por la empresa, que pidió al ayuntamiento, comandado entonces por Lola Botella (PP), que le permitiese salirse del proyecto de urbanización. Se le denegó y empezó un pleito judicial que acabó el 27 de noviembre de 2017 con la resolución del Tribunal Superior de Justicia a favor de la compañía.
En un principio se paralizó la sentencia para intentar llegar a un acuerdo que parecían desear las dos partes. Pero no funcionó. «Nosotros pensábamos que paralizar las obras era ilegal y queríamos recurrir pero la justicia le ha dado la razón y ahora nosotros tenemos que apechugar con una herencia del PP que va a ocasionar muchos problemas a Carcaixent», alegó ayer el alcalde, Paco Salom. «Durante décadas hubo incumplimientos por parte de la empresa y en Compromís propusimos que se le quitase la concesión. El PP se negó y ahora la empresa, con la sentencia judicial de cara, es la que marca el ritmo», lamentó Salom.
