Una reunión entre representantes del gobierno alcireño y de los trabajadores municipales fue suficiente para zanjar, de momento, la polémica surgida a inicios de semana. Algunos miembros del comité de empresa denunciaron unas posibles contrataciones irregulares en la Concejalía de Servicios Públicos y Gestión Urbanística, encabezada por Fernando Pascual, así como varios problemas referentes a la organización de los empleados como a una hipotética privatización de algunas tareas. Tras la cumbre de ayer, aceptaron las explicaciones ofrecidas por Pascual, el alcalde, Diego Gómez, y el concejal de Función Pública, Ivan Martínez. No obstante, los sindicatos reclamaron mayor comunicación.
«Hemos mostrado toda la documentación», manifestó Pascual, que añadió: «En ésta se especificaba que el arquitecto pasó una oposición y que, por tanto, es funcionario en categoría A2 y técnico responsable de obras. En el segundo caso denunciado, se trata de una incorporación a través del Servef, cuya selección se hizo en compañía de los propios sindicatos; tiene la titulación y se han seguido los pasos correctos». Además, Martínez recordó que las contrataciones se realizan a través de una bolsa de trabajadores del ayuntamiento y que ésta «nunca ha sido impugnada». Fuentes sindicales reconocieron que es cierto que en términos legales no se puede reprochar nada, ya que disponen de la titulación requerida, si bien podría existir otra más específica.
Con respecto a las discrepancias con respecto a la organización de los trabajadores municipales, la explicación del tripartito fue muy clara: «Existe una potestad organizativa de la jefatura de los departamentos, así que hay cosas que se pueden negociar y otras que no». Algo con lo que los sindicatos coincidieron, si bien reclamaron una mayor comunicación para ser conocedores de cuándo y cómo se producen los cambios.
Por último, Pascual negó que se estén privatizando «de manera encubierta» los servicios del departamento de Gestión Urbanística: «Para nada, simplemente tenemos algunos trabajos acumulados que están pendientes y que con la plantilla que tenemos no se pueden asumir, por lo que tenemos que recurrir a empresas externas». Pascual recordó que la brigada municipal de obras cuenta con 9 oficiales de primera, ya que los peones provienen planes de familias necesitadas, cuatro de los cuales tienen tareas exclusivas de supervisión y los otros realizan tareas en la vía y los edificios de titularidad pública.
