La deflación generalizada en el precio de los productos citrícolas no ha sido impedimento para que la venta fraudulenta continúe en la comarca. En el último mes, sendos almacenes de naranja en Corbera y Albalat de la Ribera han sido inspeccionados por la policía autonómica en el marco de una actuación por todo el territorio valenciano que ha acabado cerrando otros 6 almacenes, con 70 detenidos y un total de 89 toneladas de naranjas incautadas, sin que hayan trascendido los datos específicos por municipio.
El de Corbera era un almacén de venta de naranjas por internet situado en el interior de la cantera del municipio, que funcionaba sin licencias. Según explicó el alcalde, Jordi Vicedo, la policía lo descubrió cuando se desplazó a clausurar la cantera, hace unos meses. «La actividad se llevaba en secreto, aunque en el pueblo se conocía el caso. Allí trabajaba algún vecino», admitió ayer Vicedo a Levante-EMV.
El sector conoce cuáles son los almacenes que operan en estos términos en cada municipio. Pero los secretos a voces no parecen llegar a según qué oficinas. «Estos 'chiringuitos' son una lacra. Es una denuncia que venimos haciendo desde hace tiempo: son los principales responsables de los robos en los campos», denuncia José Carlos Martínez, miembro de la ejecutiva de la Unió de Llauradors en la Ribera. Cualquiera, explica, puede llevarles producto y se les paga al momento, en metálico, sin que medie ningún control. Después, toda la fruta se vende a la industria, lo que elimina cualquier rastro.
Los sindicatos coinciden en criticar cómo la falta de control, que han denunciado en repetidas ocasiones, permite la existencia de ese mercado negro de producto agrícola. Bernardo Ferrer, de la Associació Valenciana d'Agricultors (AVA), es más duro en su valoración: «El código penal ampara más a los ladrones que a los productores.Su complicidad permite la proliferación de estos almacenes». El problema está más en los métodos que en la falta de vigilancia; de hecho, Ferrer reitera el «agradecimiento» de agricultores y productores por el esfuerzo de policías y el resto de cuerpos de seguridad al tiempo que lamenta la «falta de herramientas» para combatir el robo.
El alcalde de Albalat de la Ribera, Felip Hernandis, explicó ayer que la policía local realizó el año pasado hasta veinte avisos por robos en los campos del término agrícola de la localidad. Con todo, no conocía de la existencia del almacén ilegal registrado en febrero, y la noticia le pilló «por sorpresa». A nivel local no hay medios para registrar y examinar la actividad de los almacenes uno por uno.
La vía de la trazabilidad
En 2013, la Conselleria de Agricultura aprobó la introducción del Document d'Acompanyament i Traçabilitat Agrícola (DATA), que trataba de estandarizar un registro para toda mercancía agrícola. No obstante, su falsificación ha resultado ser sencilla, por lo que tan solo se ha quedado en un intento. «Desde AVA-ASAJA», lamenta Ferrer, «hemos presentado nuestras quejas a la delegación del gobierno en varias ocasiones, pero no se hace nunca nada. No podemos decirle al agricultor que su seguridad mejorará, porque no hay ninguna garantía». Tanto la AVA-ASAJA como la Unió de Llauradors reclaman mejorar la trazabilidad del producto y castigos más duros para los infractores. Ferrer añade a sus propuestas la aplicación de nuevas tecnologías «que ya se han introducido en otros sectores, pero no en el agrícola». Para Martínez, la solución pasa por el «control estrecho» de los almacenes, aunque la conselleria debería contar con un presupuesto que ahora mismo «no tiene». Todo sea por no añadir aún más piedras a la mochila del agricultor de la Ribera.
