La Justicia ha archivado la causa que el actual gobierno de la Pobla Llarga, encabezado por Neus Garrigues, inició contra el exalcalde del PP Rafael Soler por un presunto delito de fraude de subvenciones o de malversación de caudales públicos. El ejecutivo local responsabilizó a Soler la ausencia de unas sillas que, subvencionadas por la Diputació de València, nunca llegaron a instalarse en el Cine Monterrey.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Alzira fue el encargado de dilucidar si existían irregularidades en la ejecución de la petición, tramitación y concesión de la subvención concedida para la reforma del cine Monterrey de la Pobla Llarga.
La magistrada encargada del caso considera que no aparece «debidamente justificada la perpetración del delito» ya que no ha podido «determinarse fraude en la obtención de la subvención. Asimismo, en su sentencia, en la decreta el sobreseimiento provisional de la causa, señala que tampoco «ha podido determinarse que los investigados (además del exalcalde Soler estaba investigado Manuel Bou, secretario del ayuntamiento) hayan obtenido algún beneficio con su actuación o hayan incrementado su patrimonio a consecuencia de una posible malversación o distracción del caudal».
Cabe recordar que los hechos que investigaba el juzgado arrancaron del convenio suscrito en julio de ???? por Rafael Soler como alcalde con la diputación por el que la corporación provincial se comprometía a subvencionar con ???.??? euros el equipamiento del Teatro Monterrey en tres anualidades. Se formalizaron tres contratos, dos de ellos para el suministro de ??? y ??? butacas respectivamente, y un tercero para el acondicionamiento acústico y otros elementos del escenario. El ayuntamiento justificó el gasto para cobrar la ayuda y pagó las facturas entre ???? y ????, si bien el actual gobierno denunciaba que la única entrega que consta es de ??? sillas que «ni siquiera estaban colocadas».
«Destrucción política»
Para Soler, este caso responde únicamente a un intento del actual ejecutivo por desprestigiar su gestión. «Dentro del consejo de administración de Divalterra ejerzo una labor de control de gestión que ha molestado a muchos. Yo quería recabar informaciones para presentar una denuncia ante la Fiscalía y, precisamente, en ese periodo fue cuando intentaron buscar cosas turbias sobre mi gestión. Lo único que encontraron fue que las sillas del Monterrey no estaban y querían imputarme que yo las había cobrado y me había quedado con el dinero», aseguró y añadió a continuación: «Incluso la diputación se inventó una reclamación del dinero que no podía realizarse porque estaba prescrito desde el punto de vista administrativo, por lo que el ayuntamiento no tenía que pagar ni un duro. Se firmó incluso un convenio para pagarlo, que quedó fuera de lugar cuando la reclamación presentada por el consistorio se resolvió que, efectivamente, no debía abonar nada».
En su opinión, el caso se podría haber evitado si el gobierno de la Pobla no hubiese buscado enjuiciarlo: «Las sillas que faltan se tienen que pedir al proveedor. Es cierto que se murió, pero ya nosotros presentamos una demanda contra él y los herederos. Dinero había y por eso, en 2013, lo pasamos al pleno. Con el voto del PSOE incluido se acordó reclamer el dinero a este señor. Cuando entraron en la alcaldía tenían que haber ido a las actas de los plenos, comprobar que se aprobó la reclamación e insistir en pedir las sillas o que se devolviera el dinero. No puede ser que luego dijeran que qué había hecho yo con eso. Todo es una maniobra para destruirme política y personalmente. Han demostrado que se mueven más por intereses particulares que por lo que le conviene al pueblo, porque el problema tenía una solución que, desde luego, no era llevarme a mí a juicio».
