El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Alzira ha archivado la causa contra el exalcalde de Càrcer y expresidente de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent, Aurelio Hernández, en la que se le imputaban los posibles delitos de estafa y administración desleal. Los comuneros recurrirán el fallo. Con todo, Hernández todavía se enfrenta a otra querella por, presuntamente, haber cargado gastos privados por un valor cercano a los 140.000 euros a las cuentas del ente de regantes.
Fue un grupo de críticos con la gestión de Hernández, que estuvo al frente de la comunidad de regantes desde el 4 de octubre de 2007 hasta el 26 de noviembre de 2016, quien denunció al exalcalde del PP. La querella contra Hernández argumentaba que había incurrido en un delito de administración desleal al contratar un producto financiero «complejo, extralimitándose en sus funciones y facultades». Asimismo, los críticos denunciaron que se habían realizado inversiones que superaban el importe presupuestado, sin que se hubiera aprobado ningún presupuesto extraordinario. También veían irregularidades en la contratación de las obras de remodelación de la sede.
La jueza encargada del caso concluye, en una sentencia que ha visto la luz esta misma semana, que no se ha acreditado la comisión de un delito de administración desleal ni en Hernández ni en ninguno de los miembros de su junta. Además, señala, con respecto a la ejecución del proyecto de modernización del riego, que tanto el proyecto como su ejecución «resultaron aprobados por la junta general y fue la junta de gobierno quien procedió a ejecutar dicho acuerdo».
Sobre la contratación del complejo producto financiero, la jueza también destaca que ésta se debatió en la junta y que, como consecuencia de los riesgos económicos tomados por la comunidad, ninguno de los investigados había obtenido un beneficio económico. Por último, también considera que las obras de remodelación de las oficinas de la comunidad de regantes se realizaron con el consentimiento de la junta general, «quien en junta ordinaria acordó la adjudicación de las mencionadas obras», apostilla la magistrada.
